DERECHO DEL ENCAUSADO A NO DECLARAR EN EL PROCESO PENAL

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 
Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el tribunal, apreciando:
  • según su conciencia
  • las pruebas practicadas en el juicio
  • las razones expuestas por la acusación y la defensa y
  • lo manifestado por los mismos acusados
Dictará sentencia a tenor de lo establecido en el articulo 741 de la LECrim.
En otros preceptos del mismo cuerpo legal se alude expresamente a la valoración de alguna prueba “según las reglas del criterio racional” (articulo 717 LECrim)
A estas últimas, la doctrina las llama, también: máximas de experiencia, sana crítica, etcétera.
Es decir, el vigente proceso criminal español, en coincidencia con lo dispuesto en otros ordenamientos, no establece la valoración legal o tasada de la prueba, a diferencia de lo acontecido en épocas históricas pasadas.
Ahora bien, esto no implica libertad absoluta del juzgador a la hora de sentenciar, que podría convertirse en arbitrariedad caso de dictar sentencia en sentido contrario a lo que aconseja el resultado de la práctica de las pruebas.
El contenido preceptivo de la sentencia, junto a la necesidad de motivación de la misma (articulo 120.3 de la Constitución) establece unos requisitos de obligado cumplimiento por parte del tribunal sentenciador.
Por tanto, además de recoger los hechos probados en la sentencia, el tribunal ha de explicar el razonamiento que le ha conducido al fallo.
El juzgador no está vinculado por prueba alguna (por ejemplo, el número de los testigos o el prestigio de los peritos), aunque sí ha de explicar la razón por la que valora la práctica de un medio probatorio en un determinado sentido.
El tribunal ha de valorar los medios de prueba practicados en el proceso, bien en el juicio oral, que es lo más frecuente, bien como prueba anticipada.
No puede aportar conocimientos privados sobre un hecho, porque eso no significa prueba de lo alegado por las partes, y tampoco puede valorar unas pruebas obtenidas de modo ilícito.
En caso de duda sobre la valoración de la prueba (existente, pero confusa), como se ha expuesto, hay que optar por el principio in dubio pro reo.
Lo afirmado coincide con lo regulado en numerosos textos procesales penales, en los que se apuesta por la libertad en la valoración de la prueba en vez de por la encorsetada tasación legal de la misma.
Podría afirmarse que lo primero corresponde a un sistema construido sobre la libertad (el acusatorio), en contraste con el fundamentado excesivamente sobre la autoridad (el inquisitivo).
Sin embargo, en este aspecto:
  • en el primero se está concediendo al tribunal un amplio margen de maniobra y decisión
  • mientras que en el segundo el órgano judicial se encuentra bastante constreñido
Lo que no deja de resultar paradójico, en cierta manera, por obedecer en teoría ambas soluciones a diferentes principios.
Todo ello viene a reforzar, una vez más, la tesis de que en el sistema acusatorio no todo es exclusivamente libertad de las partes, frente al sistema inquisitivo en el que la discrecionalidad máxima corresponde al tribunal.
Por el contrario, manifestaciones de ambos son admisibles en una moderna concepción del primero.
Tampoco se proclama hoy la relación inexorable entre libre valoración de la prueba y proceso en única instancia.
Las exigencias de los Instrumentos Internacionales hacen inviable dicho planteamiento. La cuestión estriba en facilitar el segundo juicio (por ejemplo: facilitando la grabación del juicio oral celebrado en la primera instancia), para economizar esfuerzos.
La apelación es un nuevo juicio, por lo que el segundo tribunal asume plenamente el conocimiento del asunto, tal como hizo con anterioridad el órgano judicial de primera instancia.
El derecho a un proceso con todas las garantías exige que en la apelación también se respeten el debate público y la contradicción, con presencia directa e inmediata del tribunal durante la actividad probatoria.
La nueva valoración de una prueba documental no hace imprescindible un nuevo juicio con las exigencias mencionadas, pero sí ha de ser oído quién resultó absuelto en la primera instancia (cuyo testimonio no debe ser sustituido por la grabación en soporte audiovisual).
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