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SOBRE LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL

SOBRE LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FÍSICA EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL
El régimen jurídico de “los delitos de los delitos contra la vida e integridad física“, al igual que otro amplio elenco de figuras delictivas, ha experimentado aceleradas variaciones a raíz de la reforma obrada por la Ley Orgánica 1/2015
Pero, cuando las razones de política criminal que alumbran las reformas legales obedecen a la alarma social que generan hechos puntuales, revestidos de particularidades que se dibujan atroces a ojos de la opinión pública, la precipitación motivada por los resultados que arrojan los datos estadísticos, impiden o hacen imposible a la reflexión, introduciendo en el código penal novedades que difícilmente mejoran la regulación anterior.
En este sentido, y sin perder de vista que la revisión normativa ha estado en el punto de mira de los distintos operadores jurídicos desde el instante mismo del impulso legislativo, manifestar que de la nueva articulación penal de la tutela del derecho a la vida e integridad física, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
En primer lugar, los numerosos y acentuados cambios, improvisados en el homicidio y, fraguados desde el arranque mismo de la gestación de la reforma en el asesinato, pero todos ellos cuestionables, dan la sensación de que el legislador, en su afán por aligerar la tramitación parlamentaria de una reforma tildada de autoritaria y expansionista, realiza una selección arbitraria de situaciones merecedoras de una consideración cualificada, entre ellas, las constitutivas de los nominados “asesinatos híper agravados” a los que se aplica la pena de prisión permanente revisable que, también como primicia, incorpora la Ley Orgánica 1/2015 al código penal.
Pero en realidad da la sensación de que el legislador habiendo previsto ex novo esta pena se ha visto avocado a forjar una enrevesada construcción jurídica destinada únicamente a hacerla viable y a delimitar su campo de aplicación, en lo que es una firme manifestación de la expansión represiva del derecho penal, más que preventivo-general o especial e, incluso, resocializadora que, como es sabido, debe inspirar toda pena privativa de libertad.
Por otra parte, es indudable que la transformación en delitos leves de algunas de las infracciones penales actualmente constitutivas de simples faltas va a forzar la modificación de diversas instituciones penales, lo que toca de lleno a los delitos de lesiones y de violencia de género, en cuanto las modificaciones en ellos introducidas obedecen, en su mayoría, a la necesidad de acomodar los tipos penales a la nueva configuración estructural del propio código penal.
Y así, si bien el legislador, apela al principio de intervención mínima y necesaria descongestión de los juzgados y tribunales para, en unos casos, desterrar las faltas del ámbito penal y, en otros, para motivar su transformación en delitos leves, sin que en este último caso se produzca agravación alguna en la penas aplicables, lo cierto es que en la mayoría de las faltas de lesiones convertidas en delitos leves se eleva considerablemente la pena.
Al tiempo, se recoge una nueva modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una mejor graduación de la responsabilidad penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá la desprotección de bienes jurídicos de máxima relevancia por remisión de los homicidios y lesiones por imprudencia leve al orden civil, al margen de cualquier protección penal.
Por último, señalar que la esterilización de una persona sin su consentimiento sólo se puede admitir si con ello se beneficia al propio esterilizado.
Sin embargo, la Ley Orgánica 1/2015 introduce un elemento distorsionador cuando supedita la esterilización judicial a la existencia de un grave conflicto de bienes jurídicos protegidos.
El tenor literal del precepto plasma un estado de necesidad en el que no queda claro cuáles son los bienes en pugna:
  • ¿la capacidad reproductiva del sometido a esterilización?
  • ¿Su derecho a ejercer maternidad o paternidad?
En cualquier caso, no cabe duda que el interés preponderante ha de ser aquél que más favorezca al discapaz.
En definitiva, la nueva reforma del código penal:
  • reinventa los tipos delictivos clásicos
  • amplía los marcos penales y
  • lleva a sus límites el principio de legalidad, cuando no hay demanda doctrinal o jurisprudencial ni datos estadísticos que lo aconsejen.
En opinión del parte de la doctrina científica, el legislador ha perdido la ocasión de proyectar una tutela penal del derecho a la vida e integridad física que, inspirada en los postulados de un Estado Social y Democrático de Derecho, deje libre de juicios de peligrosidad la raíz de la cualificación penal.

 

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