PRUEBA PRECONSTITUIDA” EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

SOBRE LA “PRUEBA PRECONSTITUIDA” EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

SOBRE LA “PRUEBA PRECONSTITUIDA” EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
Con la construcción de una “Prueba Preconstituida” se pretende proteger y conservar las fuentes de prueba.
Esta labor la puede realizar tanto la autoridad judicial, como el Fiscal o la policía
Hay que tener presente que esta diligencia puede servir más adelante en el juicio oral, como prueba de incriminación o cargo, por lo que es importante la garantía en su práctica y en su conservación.
Se puede practicar una diligencia de investigación sin que se produzca o, tan siquiera se permita, la contradicción, por la idiosincrasia de la diligencia (por ejemplo: inspección ocular del órgano instructor, realizada incluso antes de que haya un imputado en la causa).
Si es posible se facilitará la contradicción de las partes, sin discriminación, pues, también, la víctima tiene derecho a la tutela judicial efectiva.
Si no pudiera ser así, en todo caso la diligencia servirá como de investigación para la instrucción y, posteriormente, para su aportación documental en el juicio (por ejemplo: acta de la inspección ocular) o su ratificación en el mismo (por ejemplo: policías que intervinieron en la diligencia de alcoholemia o en una rueda de reconocimiento).
Su práctica no se produce ante el tribunal juzgador
Con lo cual la inmediación desaparece al menos en su sentido espacio-temporal, quedando reducida más tarde a la percepción del soporte en que la prueba preconstituida se documente y refleje.
A veces, se le denomina prueba «anticipada en sentido impropio» para reservar el término de «preconstituida» a las diligencias sumariales de imposible repetición en el juicio oral por razón de su intrínseca naturaleza y cuya práctica, como sucede con una inspección ocular y con otras diligencias, es forzosamente única e irrepetible.
Aquí adquiere especial importancia el valor de las diligencias practicadas durante la investigación de un delito y que, en muchos ordenamientos jurídicos, no son realizadas en presencia judicial.
Se dice que estos actos no son pruebas exactamente y que, además, no nacen con esa finalidad, sino con la de preparar el posterior juicio oral, en el que se practicarán las verdaderas pruebas.
Sin embargo, su importancia crece cada día más
Aún admitiendo la naturaleza de estas diligencias, tendentes a la investigación del delito, tampoco puede desdeñarse su valor a la hora del enjuiciamiento definitivo del asunto.
El auge actual de los medios tecnológicos, la naturaleza de determinados delitos, etcétera, explican la creciente relevancia de las diligencias practicadas durante la etapa de investigación (piénsese, por ejemplo, en la alcoholemia, o en la detección de contrabando fronterizo).
En consecuencia, hay que atender a dos diferentes situaciones:
La primera sería >>> si dichas diligencias pueden ser reproducidas, más tarde, en el juicio oral, o ratificadas, por ejemplo: (la diligencia de alcoholemia o la autopsia, por comparecencia de testigos o de peritos). Se convierten entonces en un medio ordinario de prueba, sometido a contradicción.
El problema se plantea cuando se produce contradicción entre lo declarado durante la etapa de investigación y lo manifestado en la actividad probatoria del juicio oral (por ejemplo: la confesión del acusado).
En este sentido, se presentan, a su vez, dos opciones:
  • atender al resto de medios de prueba, lo que puede reducir el problema a su mínima expresión
  • indagar en la causa de la discrepancia.
Lo conveniente es que, ante versiones contradictorias del propio acusado, o de los testigos y peritos, el tribunal debe interrogarlos, leyéndoles sus manifestaciones anteriores, pudiendo fundamentar su pronunciamiento en aquella que goce de mayor credibilidad.
El nuevo relato manifestado en el juicio oral ha de ser, al menos, tan coherente y lógico como el primero, explicando todos los aspectos y matices discordantes; es decir:
  • no basta con una mera referencia a que el declarante fue objeto de coacción o de amenaza durante la etapa de investigación
  • o que no recuerda con exactitud lo acaecido,
  • o que no puede explicar algunos extremos de su anterior declaración, etcétera.
El tribunal podría, incluso, fundamentar su posible condena en lo practicado durante la investigación.
Lo contrario conduciría a una situación insólita, en la que la mera negativa de lo anteriormente practicado conduciría a la segura absolución, a pesar de la evidencia de todo lo instruido.
Pero, a nadie se le escapa, que, en ocasiones, solamente se dispone de la declaración del propio acusado, del coimputado o del testigo.
Si éste cambia por completo su versión anterior, no resulta admisible el pronunciamiento de culpabilidad y habría que proceder al dictado de la absolución.
Lo segundo es que en el juicio oral no siempre es posible la reproducción de lo practicado durante la investigación del delito, en cuya fase no siempre se ha gozado de intervención judicial ni contradicción de las partes.
Entonces, nos enfrentamos a diferentes supuestos:
  • En primer lugar, se presenta el caso de las diligencias practicadas por agentes de la autoridad (por ejemplo: alcoholemia, drogas en aduanas,…) y que no son reproducibles, por su propia naturaleza, en un momento posterior. Habrá que acudir a la presencia de los agentes en cuestión, para que, en el juicio oral, ratifiquen su anterior declaración. Caso de incomparecencia justificada, por fallecimiento u otra causa grave, habrá que valorar la documentación obrante en las actuaciones.
  • Lo mismo puede predicarse de la incomparecencia del testigo, o del coimputado; bastará con lo previamente actuado, que, igualmente, habrá que leer en la sesión oral y que, obviamente, admite prueba en contra.
  • Otra cuestión digna de atención la constituye el valor atribuido a las actuaciones practicadas por la policía o por el Ministerio Fiscal. Dependerá de lo que se establezca en cada ordenamiento jurídico, pero, a priori, tienen el valor de actos realizados por la autoridad, generalmente sin contradicción de partes ni presencia judicial. Habrá que estar a la lectura de la documentación, con la posibilidad en todo caso de contradicción por las partes. En este sentido, el atestado policial solamente constituye una denuncia.
  • También, hay que atender a la presunción de veracidad que, en algunos ordenamientos jurídicos, se concede a lo practicado por los agentes de la autoridad en determinados supuestos (por ejemplo, en materia de seguridad vial), con admisión de prueba en contra. En ciertos delitos, como la alcoholemia o la velocidad excesiva, se constata la infracción con modernos medios técnicos; en otros, como la circulación temeraria, con peligro para personas y bienes, sólo se dispone del testimonio del agente de circulación o tránsito en activo; naturalmente, también se admite la prueba en contra.
  • Por último, en cuanto al dictamen de peritos de imposible reproducción, incluso de imposible comparecencia posterior, habrá que acudir al prestado en su momento, con contradicción si fuera posible. Resulta de interés distinguir los peritajes realizados por organismos oficiales, especializados en la materia y con absoluto respeto a la cadena de custodia, como el gabinete de balística de cuerpos policiales, o los informes emitidos por corporaciones académicas y únicas en el país. En estos casos, no parece razonable discutir su veracidad.
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