LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA EN DERECHO PENAL

LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA EN DERECHO PENAL

Las pruebas o métodos alcoholométricos son actos de investigación que, a través de una medición con determinados instrumentos o mediante una intervención corporal del investigado, permiten determinar el grado de alcohol ingerido.
Son actos de investigación que se llevan a efecto por la policía, salvo que la existencia de heridos haga necesario el traslado a un hospital y tal prueba se realice en el mismo.
Sobre la constitucionalidad de estos medios de investigación y sobre la incidencia de los mismos en determinados derechos fundamentales se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional afirmando que la práctica de tales pruebas no constituye una violación del derecho a la libertad de movimientos del artículo 17 de la Constitución.
El Tribunal Constitucional establece que por sí sola no constituye prueba de cargo apta para enervar el principio de la presunción de inocencia debiendo ser complementada con otros medios de prueba como la declaración de testigos.
Para que la prueba de alcoholemia sea válida se exigen una serie de requisitos como es que:
  • se aporte el certificado de verificación periódica del etilómetro. Caso de no existir se puede poner en duda su fiabilidad porque es carga de la acusación acreditar el referido extremo.
  • sólo son aptos como prueba los etilómetros evidenciales autorizados por el Centro español de Meteorología (E-7110), no así los digitales (el conocido E-7410) que carecen de la adecuada fiabilidad y que no aportan el necesario tique.
Lo usual es que se efectúan dos pruebas debiendo transcurrir entre ellas al menos 20 minutos, es necesario que se le informe de la posibilidad de contrastar las referidas pruebas con la de análisis sanguíneo, que es más fiable. El costo de la prueba de confirmación corresponde al que la ha solicitado
Superar el canon administrativo de 0,25 mg de alcohol por litro de aire espirado o 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre no implica que automáticamente nos hallemos ante un delito, pues no todas las personas reaccionan de la misma forma frente al alcohol.
Sin embargo tanto la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y también algunas del Supremo entienden que cuando la tasa de alcohol es elevada superando 0,50 mg de alcohol por litro de aire espirado, ó un gramo de alcohol por litro de sangre, si la prueba es realizada con todas las garantías, se produce una especie de inversión de la carga probatoria dado que un hombre medio frente a tamaña dosis de alcohol, difícilmente puede permanecer ajeno a los naturales efectos de éste.
En los delitos “contra la seguridad vial” del 379 en adelante del Código Penal, en los que se condena ante la existencia de un “peligro abstracto” se recoge la aplicación de la presunción “iuris et de iure–presunción que como sabemos, no admite prueba en contrario, y otorga a la conducción superando la tasa de 1,2 gramos por litro de alcohol en sangre, o bien 0,60 en aspiración, sin más, como constitutiva de delito.
Todo ello es debido a los planteamientos formulados por la Dirección General de Tráfico y el Consejo General del Poder Judicial que justificó en base a la existía una evidencia científica en la tasa de alcohol en sangre por encima de un gramo quedase afectada en mayor o menor grado a la respuesta del conductor.
En cuanto a la negativa de someterse a la prueba, -articulo 383 del código penal– ha de constar en el atestado que se le ofrecieron los referidos derechos y las consecuencias de la negativa, también hay que incorporar el ticket negativo de la alcoholemia y el certificado de verificación del etilómetro.
Caso de que no conste el letrado siempre podrá alegar la existencia de un delito imposible.
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