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SITUACIONES EN LAS QUE PROCEDE LA PRISIÓN PROVISIONAL

La prisión provisional es una medida cautelar que se adopta antes de la celebración del juicio

La prisión provisional sólo podrá adoptarse mediante resolución judicial. Así, todas las decisiones relativas a la adopción, mantenimiento y revocación de la prisión provisional son competencia del juez instructor, así como del Juez de lo Penal o Tribunal que conozca de la causa, siempre a través de resolución motivada.
Sólo podrá decretarse la prisión provisional en los casos expresamente previstos en la Ley:
  • Ante la existencia de uno o varios hechos indiciariamente constitutivos de delito sancionados con pena igual o superior a los dos años de privación de libertad, o con una pena inferior en caso de antecedentes penales no cancelados derivados de condena por delito doloso.
  • Ante la existencia de indicios racionales de criminalidad respecto de la persona frente a la que se dicta el auto de prisión. Este requisito obvio implica la valoración por parte del juez de todo el material probatorio existente, para establecer un juicio provisional de autoría y tipicidad.
  • Para asegurar la presencia del investigado o encausado cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, para lo que se atenderá a: la naturaleza del hecho; la gravedad de la pena que pudiera imponerse; la situación laboral, económica y familiar del investigado o encausado y la inminencia de la celebración del juicio oral, especialmente en los supuestos en los que procede el procedimiento para el enjuiciamiento rápido.
  • Para evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado.
  • Para evitar que el  investigado o encausado  pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2, CP (tratos degradantes en materia de violencia doméstica).
  • Cuando concurran la existencia en la causa de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, junto con indicios racionales de criminalidad, para evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos:
Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que pudiera cometer. Sólo podrá acordarse en estos casos cuando el hecho delictivo atribuido sea doloso.
No obstante, no será de aplicación el límite de los dos años cuando de los antecedentes del investigado o encausado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el investigado o encausado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad.
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