JUSTIFICACIÓN EN LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN INCOMUNICADA

JUSTIFICACIÓN EN LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN INCOMUNICADA

JUSTIFICACIÓN EN LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN INCOMUNICADA

El Tribunal Constitucional, garante de los derechos fundamentales y libertades públicas, desarrolla extensamente en su jurisprudencia los motivos y fundamentos que se deben encontrar en la base de una medida ciertamente restrictiva explicando lo siguiente:
Respecto a este tema viene a afirmar el Tribunal que “la incomunicación es algo más que un grado de intensidad de la pérdida de libertad, dadas las trascendentales consecuencias que se derivan de la situación de incomunicación para los derechos del ciudadano”, por lo que no resulta de aplicación la doctrina de que, “negada la libertad, no pueden considerarse constitutivas de privación de libertad, medidas que son sólo modificaciones de una detención legal, puesto que la libertad personal admite variadas formas de restricción en atención a su diferente grado de intensidad”.
La situación de incomunicación de detenidos constituye una limitación del derecho a la asistencia letrada recogida como una de las garantías consagradas en el artículo 17.3 de la Constitución, en la medida en que la incomunicación supone: tanto la imposibilidad de nombrar letrado de la confianza del detenido, como la de entrevistarse de forma reservada con el letrado nombrado de oficio, conforme establece el artículo 527 en relación con el 520, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En consecuencia, las resoluciones que acuerden la incomunicación de los detenidos deben contener los elementos necesarios para poder sostener que se ha realizado la necesaria ponderación de los bienes, valores y derechos en juego, que la proporcionalidad de toda medida restrictiva de derechos fundamentales exige.
De manera que es ciertamente exigible la exteriorización de los extremos que permiten afirmar la ponderación judicial efectiva de la existencia de un fin constitucionalmente legítimo, la adecuación de la medida para alcanzarlo y el carácter imprescindible de la misma.
Será necesario asimismo que consten como presupuesto de la medida los indicios de los que deducir la conexión de la persona sometida a incomunicación con el delito investigado, pues la conexión “entre la causa justificativa de la limitación pretendida -la averiguación del delito- y el sujeto afectado por ésta -aquél de quien se presume que pueda resultar autor o partícipe del delito investigado o pueda hallarse relacionado con él- es un prius lógico del juicio de proporcionalidad”.
A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, si bien con carácter general la limitación de los derechos constitucionales que la incomunicación conlleva encuentra justificación en la protección de los bienes reconocidos en los artículos 10.1 y 104.1 de la Constitución, relativos a la paz social y a la seguridad ciudadana, en cuya defensa constituyen pieza esencial la persecución y castigo de los delitos, la finalidad específica que legitima la medida de incomunicación reside en conjurar los peligros de que “el conocimiento del estado de la investigación por personas ajenas a ésta propicien que se sustraigan a la acción de la justicia culpables o implicados en el delito investigado o se destruyan u oculten pruebas de su comisión.”
De otra parte, la necesidad de la incomunicación para alcanzar esta finalidad deriva de la especial naturaleza o gravedad de ciertos delitos, así como de las circunstancias subjetivas y objetivas que concurren en ellos, de manera que todo ello puede “hacer imprescindible que las diligencias policiales y judiciales dirigidas a su investigación sean practicadas con el mayor secreto”.
Igualmente, el Tribunal Constitucional en la mentada jurisprudencia añade: “que pueden tenerse en cuenta, además de los datos explícitos, los que de forma clara y manifiesta estén en el contexto”.
La finalidad de conjurar los peligros para la investigación que puedan resultar del conocimiento del estado de la investigación por personas ajenas a ésta, no sólo resulta implícita a la incomunicación de detenidos por causa de delitos de terrorismo, dado que dichos riesgos son inherentes a toda investigación de las actividades delictivas cometidas por organizaciones criminales, máxime si están estructuradas de forma compleja, sino que han sido previamente ponderados por el legislador para admitir la incomunicación de detenidos cuando la detención se produce por la presunta conexión del sujeto con los delitos de terrorismo –artículo 520 bis 2 LECrim-.
En consecuencia, tampoco resulta constitucionalmente exigible un mayor razonamiento acerca de la necesidad de la incomunicación para alcanzar la finalidad que la legitima, ya que ésta puede afirmarse en estos delitos de forma genérica en términos de elevada probabilidad y con independencia de las circunstancias personales del sometido a incomunicación, dada la naturaleza del delito investigado y los conocimientos sobre la forma de actuación de las organizaciones terroristas.
El Tribunal Constitucional en la precitada jurisprudencia viene a afirmar que: una vez levantada la incomunicación, los detenidos deben ser informados de sus derechos y declarar asistidos de Abogados nombrados por sus familias.
En consecuencia, no puede calificarse de medida restrictiva, irrazonable o desproporcionada, la adopción judicial por el instructor de la medida de incomunicación del detenido, adoptada bajo las condiciones legales previstas, que implica entre otras cosas la limitación temporal del ejercicio del derecho a la libre designación de Abogado; pero que no le impide proceder a ella una vez cesada la incomunicación.
Finalmente, el Tribunal Constitucional, ha resaltado que el mero contexto de terrorismo resulta argumento suficiente como para justificar una restricción de derechos como la implícita en la incomunicación.
Pablo Salmeron (Abogado) -Granada-

 

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