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PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

La presunción de legalidad del acto administrativo significa que se presume que es conforme al ordenamiento jurídico.  
Es un rasgo esencial del mismo sea cual fuere el ámbito sectorial en el que se produzca
La presunción de legalidad supone la consideración de que el acto es conforme a Derecho, salvo que se pruebe lo contrario
La presunción de legalidad se caracteriza por las siguientes notas:
  • Decae en supuestos de falta absoluta de respeto al procedimiento establecido o en caso de incompetencia manifiesta, previa acreditación de ésta y en casos de vía de hecho
  • No tiene siempre carácter absoluto, sino que cede o se atenúa en caso de vicios formales del acto o de tramitación del procedimiento
La presunción de legalidad es predicable tanto del acto administrativo como de la disposición general
En cuanto a las consecuencias procesales decir que se trata de una presunción legal en sentido procesal, en la medida en que está ligada a la presunción de certeza. Esto tiene las siguientes consecuencias:
  • Desplaza la carga de accionar, en todo caso, al interesado que se ve afectado por el acto. En defecto de recurso, el acto gana firmeza, sin perjuicio del juego de los procedimientos de revisión de oficio o de la revocación
  • Desplaza la carga de la prueba, una vez ejercitada la acción, sobre quien sostiene la ilegalidad del acto, salvo en el ámbito de la potestad sancionadora
En el campo de las sanciones rige la presunción de legalidad del acto administrativo sancionador, pero se contrae a desplazar sobre el sancionado en vía administrativa la carga de accionar contra la sanción.
Es, en sí mismo, un medio de prueba, que sólo cede en caso de cumplida prueba en contra. No obstante, esta afirmación se ve modulada:
  • por una parte, porque no se exime en términos absolutos a la Administración de la prueba, sino que ha de acreditar la correcta tramitación del expediente y el contenido mismo del acto
  • por otra, por la aplicación del principio de la facilidad en la aportación de pruebas.
Altera la regla general de prueba de los documentos públicos: 
  • frente a la regla general según la cual los documentos públicos hacen prueba del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste
  • con respecto a los actos administrativos, se presume cierto todo el contenido recogido en el documento de expresión del acto.
Al mismo tiempo, ciertos documentos administrativos gozan de presunción de certeza en cuanto a todo su contenido fáctico (actas de la inspección de hacienda, de trabajo y seguridad social, etc.), aunque sólo cuando una disposición lo establezca expresamente.
Pablo Salmerón (Abogado) -Granada-
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