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LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 
Juan de Hevia Bolaños, en su Curia Philipica afirmaba en 1710 que:
  • «Si el Reo… no hay contra él prueba cierta, plena, y clara, como la luz meridiana, en que no haya duda alguna, por ser la persona del hombre la mas noble cosa del mundo».
Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
  • «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa» (artículo 11.1).
En similar sentido se pronuncia el Convenio Europeo de Derechos Humanos:
  • «Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada» (artículo 6. 2). También, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14. 2).
La vigente Constitución proclama que todos tienen derecho a la presunción de inocencia (artículo 24. 2).
Las partes acusadoras, con la práctica de sus medios de prueba propuestos, perseguirán la convicción del Tribunal en orden a la condena del acusado, mientras que la defensa buscará la declaración de su inocencia.
No parece razonable que un acusador, o la propia defensa, proponga un medio de prueba del que a priori se presuma que se pueden desprender unos resultados desfavorables para su pretensión.
Aunque cada parte puede instar la práctica de prueba tendente a la consecución de sus objetivos, el acusado parte de una posición de inocencia que no debe desconocerse. Es lo que se conoce como la presunción de inocencia.
El acusado goza de la garantía constitucional de su inocencia, situación que habrá de destruirse con la práctica de las pruebas de las acusaciones.
El acusado no tiene que demostrar su inocencia, lo que en muchos casos sería verdaderamente difícil, si no imposible, y que constituiría un atentado contra la concepción racional del proceso, por lo que en ese caso se habla de prueba diabólica
Por el contrario, son los acusadores que mantienen la solicitud de condena los que deben demostrar la responsabilidad del acusado. La falta de prueba, pues, conduce a la absolución del acusado, que no está obligado a probar.
Ahora bien, esa prueba que destruya la presunción de inocencia del acusado, además de incriminar (de cargo, pues, si no inculpa, puede favorecer lo contrario), debe ser:
  • suficiente (no basta un solo indicio)
  • legal (con escrupuloso respeto a la norma)
  • y lícita (obtenida con respeto a los derechos fundamentales)
Sirve para comprobar el hecho punible y la participación en el mismo del acusado
Por supuesto, frente a la prueba de unos hechos esencialmente de incriminación por parte de las acusaciones, la defensa puede objetar y probar otros de signo contrario (de carácter impeditivo o extintivo).
Porque una cosa es exonerar al acusado de la obligación de probar y otra, bien distinta, es impedirle la prueba.
A tal efecto, podrá intentar la prueba de cualquier hecho que modifique la responsabilidad penal (eximentes y atenuantes), ya que la carga de la prueba incumbe a quien afirma.
La lógica exige que la prueba –sin distinción, pues la tutela judicial efectiva afecta tanto a la acusación como a la defensa- ha de practicarse en presencia de un tribunal adornado de todas las garantías exigidas actualmente en un Estado de Derecho, es decir:
  • predeterminado por ley
  • independiente
  • imparcial
No se trata, pues, de una mera actividad probatoria llevada a cabo durante la etapa oral, sin control alguno, sino de una prueba practicada conforme a las exigencias de un proceso con todas las garantías; en consecuencia:
  • en juicio oral
  • con inmediación
  • contradicción
  • publicidad
  • e igualdad de las partes
Si con la prueba se destruye la presunción de inocencia del acusado, es posible su condena judicial; caso contrario, procede inexorablemente la absolución o declaración de inocencia.
Inocencia de la que se partía inicialmente y que, si no ha resultado afectada por la práctica de los medios de prueba de las acusaciones, se mantiene inalterable, por lo que judicialmente sólo resta proclamarla.
En el actual momento cultural no son admisibles situaciones de incertidumbre procesal
El juicio oral terminará con un pronunciamiento judicial condenatorio o absolutorio
  • en ningún caso procede la llamada absolución en la instancia, antigua figura en virtud de la cual el proceso se podía reabrir tan pronto como se dispusiera de nuevos elementos probatorios.
La concepción de nuestro proceso penal no admite esta salida carente de racionalidad y que somete al acusado a un latente estado de inseguridad.
La presunción de inocencia consagra el derecho de toda persona a ser declarada inocente mientras no se destruya dicha presunción
Es decir, si se carece de prueba de cargo para destruirla, si existe vacío probatorio, hay que proclamar la absolución del acusado; caso contrario, una hipotética sentencia condenatoria sería revocable en un posterior recurso.
Sin embargo, el principio in dubio pro reo reconoce la existencia de prueba (de cargo y de descargo, en su caso), aunque admitiendo que no es suficiente para obtener el convencimiento del juzgador en torno a la culpabilidad del acusado.
  • El juzgador albergan dudas y, por tanto, se absuelve
En ningún caso puede ser entendido como un derecho del acusado a que el tribunal dude, sino a que, si éste duda, ha de absolver.
Hace tiempo se afirmaba que el principio in dubio pro reo no se podía alegar en un recurso; sin embargo, hoy cabe considerarlo dentro de la presunción de inocencia, pudiendo invocarse en casación si resulta acreditado que el tribunal condenó a pesar de su duda.
Pero, no procede invocarlo para exigir al tribunal que dude, sino que sólo es posible su invocación cuando el tribunal ha planteado o reconocido la existencia de dudas en la valoración de la prueba sobre los hechos y los ha resuelto en contra del acusado.
El ciudadano goza de la presunción de inocencia desde antes del juicio oral (incluso, desde antes del inicio del proceso penal), con el máximo reconocimiento legal.
Por su parte, la declaración judicial de in dubio pro reo se produce después del juicio oral.
Éste principio solamente procede cuando se ha practicado prueba y la misma no ha sido suficiente para destruir la presunción de inocencia; caso contrario, es decir, en ausencia de duda, no tiene lugar la aplicación del citado principio.
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