PRESCRIPCION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

PRESCRIPCION DE LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA

En relación a la prescripción del delito contra la Hacienda Publica –Delito Fiscaloriginariamente era de 5 años, y su inicio lo podemos fijar, según la antes mencionada modificación, desde el momento en el que el procedimiento se dirija contra la persona determinada que aparecía indiciariamente como penalmente responsable, teniendo en cuenta que para ello se requiere actuación material del juez instructor.
Uno de los aspectos más importantes de la modificación realizada por la Ley Orgánica 5/2010 es que “para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley General Tributaria, incluidos sus intereses de demora, los jueces y tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los términos establecidos en la citada Ley”. 
Se evita así, como ocurría en el pasado, el problema de la deuda acumulada en procesos penales que no se podía recaudar, ya que cuando la sentencia sea firme la Administración tributaria no sólo recaudará la cuantía dejada de ingresar u obtendrá la devolución fraudulentamente obtenida y sus intereses, sino también la sanción correspondiente.
En síntesis, la reforma aquí comentada supone un endurecimiento de las penas, presenta como novedad que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria auxilie a los jueces para el cobro de multas e indemnizaciones por dichos delitos, se estipulan las multas a imponer cuando quien incurra en estos delitos sea una persona jurídica, pasando a ser responsables civiles cuando proceda, y no subsidiarios.
En 2012 se publicó la Ley Orgánica 7/2012 que modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y Seguridad Social.
Dicha Ley amplía la pena máxima para el delito de defraudación de cinco a seis años, introduce un nuevo tipo agravado en el artículo 305 bis para tipificar las conductas de mayor gravedad o de mayor complejidad, sancionándolas con penas que oscilan de dos a seis años de prisión, incrementando consiguientemente el plazo de prescripción del delito, y se introducen nuevas figuras agravadas con el plazo de prescripción de diez años.

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