DELITO DE MANIPULACIÓN INFORMATIVA EN EL ÁMBITO FINANCIERO

DELITO DE MANIPULACIÓN INFORMATIVA EN EL ÁMBITO FINANCIERO

DELITO DE MANIPULACIÓN INFORMATIVA EN EL ÁMBITO FINANCIERO
El artículo 284.2 del Código Penal dispone: se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a los que >>> difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para si o para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad.
La doctrina denomina el supuesto que nos ocupa como “manipulación informativa
La delimitación entre el ilícito penal y el ilícito en el ámbito administrativo no parece, en principio, significativa en cuanto a sus elementos esenciales.
  • En primer lugar, en cuanto a la difusión de “noticias o rumores” que expone el artículo 284.2 del Código Penal no resulta más restrictivo que el término “información” contemplada en el tipo administrativo.
  • En segundo lugar, el precepto penal exige que tales noticias o rumores se refieran a personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren “datos económicos” total o parcialmente falsos. En la doctrina hay quien afirma que cualquier información relevante para el precio de cotización de un instrumento financiero, tenga el contenido que tenga, puede considerarse un dato económico.
  • Y en tercer lugar, ambos tipos se refieren a “valor o instrumento financiero”
Algunos autores no obstante observan otra delimitación del tipo penal al hacer éste referencia a “precios de cotización”, considerando que sólo se refiere a precios formados por los mercados regulados u “oficiales”, aunque lo relevante verdaderamente es analizar si se ha afectado a ese precio de cotización con independencia del origen de las operaciones financieras que se realicen.
La principal diferencia apreciable del tenor literal de ambas regulaciones es sin duda la exigencia penal de obtención de un beneficio económico, para sí o para un tercero, superior a 300.000 euros, o de generación de un perjuicio de idéntica cantidad.
El legislador ha considerado que cuando no se cumple tal condición no es necesaria la imposición de una pena, sino que es suficiente aplicar el Derecho Administrativo sancionador.
Esta condición objetiva de punibilidad novedosa e introducida por primera vez en el Código Penal por la reforma operada en el mismo es la que va a exigir un esfuerzo añadido a la hora de acreditar la certeza necesaria en que se puede basar una condena penal, desvirtuando la presunción de inocencia que ampara constitucionalmente al acusado.
Lo que se pretende proteger con este tipo penal es un bien de carácter supraindividual y colectivo: el denominado “MERCADO”
La conducta típica es claramente activa, sin que parezca posible la comisión por omisión y además, se configura como un delito de peligro abstracto o de mera actividad.
El elemento subjetivo del injusto no es otro que el fin de alterar o preservar el precio de cotización, si bien no es necesario que la conducta produzca esa efectiva alteración, basta con haberlo intentado y que la misma sea idónea para hacerlo.
El legislador ha entendido que únicamente cuando se superen los 300.000 euros de beneficio o perjuicio la conducta será merecedora de una pena, marcando la frontera entre el ilícito administrativo y el delito, de manera similar a la fijación de la cuantía de la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública.
Tales matizaciones son relevantes a la hora de analizar sus posibles consecuencias en materia de consumación y tentativa, sin embargo no parece que el legislador considere penalmente reprochable la comisión imperfecta de este delito.
En conclusión, para apreciar la concurrencia del delito previsto en el 284.2 del Código Penal será necesario acreditar la concurrencia de los siguientes elementos:
  • La difusión de noticias o rumores falsos total o parcialmente.
  • Personalmente o a través de un medio de comunicación.
  • La falsedad ha de recaer sobre datos económicos de cualquier persona o empresa.
  • Debe ser conocida dicha falsedad.
  • Finalidad de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero.
  • Beneficio económico superior a 300.000 euros o perjuicio de idéntica cantidad para sí o para tercero.
  • Relación de causalidad entre la difusión de noticias falsas y el beneficio o perjuicio causado.
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