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MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS Y FALSEDAD DOCUMENTAL

El delito de malversación de caudales públicos íntimamente ligado a otro delito de falsedad documental
Hoy vamos a comentar una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, referida a un delito de malversación de caudales públicos íntimamente ligado a otro delito de falsedad documental.
Durante los años 2000 y 2001, Diodoro desempeñó el cargo de Gerente, con contrato laboral, en la entidad Empresa Municipal Agrícola >>>>, participada en un 100 % por el Ayuntamiento de >>>>> y cuyo objeto social era explotar una determinada finca rustica, propiedad del referido municipio.
Como tal Gerente, y sin perjuicio de las competencias del Consejo de Administración integrado por el Alcalde y algunos Concejales del Ayuntamiento, tenía capacidad para decidir sobre la contratación de personal eventual para las labores propias del campo y también para realizar compras de material y efectos propios para las labores agrícolas, siempre que no fueren de un importe muy elevado.En ese periodo de tiempo, con el fin de beneficiarse económicamente él mismo o de permitir que se beneficiaran otros, a costa de la empresa municipal, Diodoro destinó dinero de la misma a fines ajenos a la sociedad, en la forma siguiente:
Ordenó al personal a su cargo que incluyera en el libro de matrícula, diera de alta en Seguridad Social y confeccionara nóminas que no respondían a la realidad, pues correspondían a personas que no habían trabajado para la sociedad, facilitándoles así que aumentaran o completaran las jornadas de trabajo agrícola necesarias para permitirles en su día acceder al subsidio de desempleo agrario.
Por estos hechos y después de doce años de proceso, Diodoro fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de falsedad en documento oficial y malversación, en concurso medial, a las penas de CUATRO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, y a indemnizar a la empresa municipal  en concepto de responsabilidad civil en la cantidad de TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
El delito de malversación, gira sobre el concepto de “apropiación/sustracción de dinero publico” y se construye sobre los siguientes elementos:
  • * El autor debe ser funcionario público
  • * Los caudales sustraídos han de ser públicos es decir, deben pertenecer y formar parte de los bienes propios de la Administración Pública
  • * Hace falta también que el funcionario se encuentre en una especial situación respecto a “poder disponer” de los caudales públicos en atención a su cargo dentro de la administración.
  • * Y finalmente, como último elemento, y en relación con la sustracción, se exige que la acción sea esencialmente dolosa y este teñida por ánimo de lucro aunque sea para otras personas.
Diodoro, a pesar de su contrato laboral, debe ser considerado funcionario público a efectos penales como Gerente de una sociedad que es de exclusiva propiedad municipal, y el dinero sustraído de dicha entidad para su propio beneficio o el de terceros debe ser calificado también de público.
En su condición de Gerente, podía disponer de los fondos que administraba en atención a su cargo, aunque fuera el Alcalde el que firmara los cheques, obviamente lo hacía al serle presentados por el “administrativo” que se limitaba a seguir instrucciones de Diodoro.
Diodoro conocía de primera mano quienes estaban trabajando realmente en la finca, teniendo a su disposición los controles de asistencia elaborados por el llamado “listero”, siendo consciente de que se pagaba a personas que no habían trabajado.
Finalmente, señalar que el Ayuntamiento de >>>> estaba legitimado para la gestión de algún servicio público o de patrimonio propio, constituir una sociedad propia del derecho privado con fondos públicos a tenor de los artículos 175 y 286 de la Ley de Régimen Local.
Como prueba de cargo suficiente para condenar a Diodoro, el tribunal contó con diversos documentos en poder del Ayuntamiento, entre otros, contratos y cotizaciones a la seguridad social.
Igualmente existieron diversos testimonios que vinieron a corroborar que Diodoro era quien decidía que personas se contrataba como eventuales para los trabajos agrícolas de la finca, y aquellos otros que ordenaba incluir como trabajadores y que no prestarían servicio alguno en la finca
Existió también una prueba pericial en la que se destaca los dobles listados no coincidentes de personal, aquellos que se elaboraban por el llamado listero en el lugar de trabajo y los que se asentaban en el libro de matrícula incluyendo a quienes no habían faenado.
El delito de falsedad documental se comete como medio o instrumento para a su vez cometer un delito de malversación del artículo 432.1
Conviene aclarar que el Tribunal no ha podido conocer cual fue el destino final de los salarios devengados por la falsaria intrusión de trabajadores. No se ha podido afirmar si de esos salarios se benefició personalmente Diodoro, otros trabajadores o las mismas personas que aparecían en la nomina.
Pero de lo que existe ninguna duda, porque efectivamente el administrativo y los peritos confirmaron que se habían pagado, es decir que esos importes habían salido de la sociedad en perjuicio económico de ésta, a lo que aún cabría añadir también como perjuicios económicos las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social abonadas en su caso por la empresa.
El proceso duró inexplicablemente doce años, sin que nadie haya aclarado la causa, motivo o razón de esa tardanza, y a Diodoro necesariamente hubo de aplicársele la atenuante de dilaciones indebidas que conlleva una importante rebaja en la pena.
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