CRITICA A LA LIBERTAD PROVISIONAL

SOBRE LA CRITICA A LA LIBERTAD PROVISIONAL

SOBRE LA CRITICA A LA LIBERTAD PROVISIONAL
Cuando un Juez dicta un auto en que se concede la libertad provisional a un encausado, que aprovecha la libertad para escapar, se produce diversos comentarios en determinados medios y en la población en general.
Los comentarios suelen ser críticos: van desde la calificación del auto como inexplicable, a la pura y simple difamación del Juez que lo dicta.
Ante esta situación, es conveniente ofrecer a los ciudadanos unos cuantos puntos de reflexión que les ayu­den a valorar la resolución judicial desde diversas perspectivas.
Estos puntos de reflexión no son naturalmente los únicos posibles, pero sí están en­tre los que de ninguna manera deben ser olvidados. Son los siguientes:
Una de las más importantes funciones que nuestro ordenamiento atribuye a los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional (artículo 7 de la LOPJ) es la tutela de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, especialmente de los enunciados en su artículo 53.2, es decir, de los derechos fundamentales y libertades públicas.
Entre los derechos fundamentales más directamente encomendados a la tutela de los jueces del orden jurisdiccional penal, al que pertenecen los magistrados, se encuentran el de libertad personal y el de presunción de inocencia cuya protección combinada quizá pueda convertir en menos inexplicable un auto acordando la libertad provisional.
Consecuencia de lo anteriormente expuesto, que debe servir de punto de partida a cual­quier reflexión sobre la materia; la prisión provisional del encausado mientras se tramita el proceso debe ser considera­da una situación excepcional, aunque puede estar justifica­da por la necesidad de asegu­rar su presencia en el acto del juicio oral o de evitar que pue­da hacer desaparecer las prue­bas del delito o cometer nue­vas infracciones.
La persona acusada de un delito no puede ser tratada como delincuente ni llamada públicamente tal porque, en tanto no sea declarada su cul­pabilidad por un tribunal competente, está amparada por la presunción de inocencia.
La ley menciona, como factores a tener en cuenta para acordar la prisión provi­sional de un encausado: la pe­na que pueda serle impuesta por el delito que parece come­tido, sus antecedentes, la alar­ma social que el delito haya producido y la frecuencia con que se cometan hechos análogos.
Pero los jueces deben pon­derar, lógicamente, otros fac­tores, como las circunstancias personales que concurren en el acusado -edad, estado de salud-, el tiempo que se pre­vea transcurrirá hasta el pro­nunciamiento de la sentencia, e incluso la solidez y correc­ción constitucional de las pruebas que la acusación se proponga presentar en el juicio, aspecto éste de la cuestión sobre el que los jueces, siendo ellos seguramente los únicos que lo conocen, no se pueden pronunciar al decidir sobre la situación personal del acusa­do porque, si lo hiciesen, esta­rían prejuzgando el caso.
Si como consecuencia de una ponderación errónea de las circunstancias del caso se acuerda una libertad provisio­nal que frustra uno de los fi­nes del proceso -el acusado puesto en libertad, por ejem­plo, se fuga y sustrae a la ac­ción de la justicia-, la deci­sión judicial podrá ser considerada un desacierto de ma­yor o menor entidad, cuya crí­tica estará tan justificada co­mo la de cualquier otro acto de un poder del Estado que parezca no haber cumplido la finalidad que le debió servir de orientación.
En una sociedad civilizada y sensible para los valores democráticos, la fuga de un presunto inocente a causa de una libertad que acontecimientos posteriores demuestran fue erróneamente concedida debería causar me­nor inquietud y alarma que la posibilidad de que en el futu­ro sea absuelto quien se encuentra en prisión provisional.

Una resolución judicial desacertada no es necesariamente una resolución injusta

Nues­tra Ley de Enjuiciamiento Criminal, no concibe la prisión provisional como una obligación, sino como una facultad del juez; de tal manera, que la decisión de poner a un acusado en libertad provi­sional difícilmente puede ser tachada de contraria a la ley.
Cues­ta trabajo imaginar que, en el marco jurídico de una demo­cracia, en la que los derechos fundamentales y libertades pú­blicas son el núcleo esencial del ordenamiento jurídico, constituya una injusticia el ex­ceso en la tutela de estos derechos y libertades.
La injusticia sólo podría produ­cirse cuando el móvil de la resolución judicial no fuese la tutela de los derechos, sino cualquier otro de naturaleza arbitraria o antijurídica, y esto no se puede sospechar ni insinuar cuando no existe ni el menor indicio que fundamente la desviación.
Decir que los jueces, cuando acuerdan la libertad provisional de un encausado, no colaboran con las autoridades o con la poli­cía en la lucha contra el delito, revela un preocupante ol­vido del diseño constitucional de la división de poderes.
Cuando se trata de administrar justi­cia, no son los jueces los que tienen que colaborar con el gobierno y la policía, sino éstos los que, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución están obligados a prestar a aquéllos su colaboración en el curso del proceso y en la ejecución de lo que resuelvan.
No es apropiado definir la tarea de los jueces y tribunales sólo en función de la lucha contra las for­mas más graves de criminali­dad.
Los jueces no pueden tomar partido, luchando junto a una de las partes en los conflictos que deben resolver como árbi­tros imparciales.
Uno de esos conflictos es el que se plantea en el proceso penal entre la acusación y la defensa, por lo que dicho proceso está articu­lado como un duelo en­tre partes presidido por un juez o tribunal que resulta ser equidistante de ambas.
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