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LA PRESUNCION DE INOCENCIA

La institución del derecho a la presunción de inocencia, del que todos debemos haber oído hablar en alguna ocasión, especialmente en los medios de comunicación, es algo que se mueve en el ámbito del derecho penal, es decir en el terreno del enjuiciamiento por delito.
¿Pero en que consiste?
Pues sencillamente, cuando una persona es acusada de haber cometido un delito, debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Se trata de uno de los derechos fundamentales que asisten a todo ciudadano, y queda recogido en el artículo 24 de la Constitución.
Se puede afirmar, a primera vista, que la presunción de inocencia es algo que protege al encausado; de entrada, se le considera inocente de los hechos por los que viene siendo señalado; es decir  se “presume su inocencia”, y eso implica el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo que venga a acreditar su participación en los hechos de los que se le acusa.
Para quebrar la presunción de inocencia que al acusado beneficia, es necesario incorporar al acto del Juicio una prueba de cargo suficiente y válidamente obtenida. Dicha prueba de cargo, corresponde aportarla a la Fiscalía y/o a la Acusación Particular.
La presunción de inocencia se asienta sobre dos ideas básicas: de una parte, que corresponde efectuar a los Jueces y Tribunales una valoración libre de la prueba aportada, con arreglo a criterios lógicos y de sana critica; y de otra que la sentencia ha de basarse en auténticos actos de prueba.
Para condenar a alguien, la actividad probatoria ha de ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia
La inocencia de la que habla el artículo 24 de la Constitución, ha de entenderse en el sentido de:
  • no ser autor del delito
  • no haber producido lesión o daño
  • no haber participado en la comisión de la infracción penal.
De la actividad probatoria llevada a cabo en el juicio, y que corresponde, repito,  especialmente al Fiscal, debe deducirse que el acusado cometió delito, participó de alguna forma en la comisión del mismo y que ello produjo una lesión o daño.
En caso contrario, la presunción de inocencia recobra toda la virtualidad, y el acusado debe ser declarado inocente en sentencia.
La sentencia emitida por el Juez o Tribunal ha de fundarse en pruebas que reúnan las siguientes condiciones:
  1. a) Prueba de cargo suficiente, referida a la totalidad de los elementos esenciales del delito.
  1. b) Prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no se haya conseguido mediante actos prohibidos, que de alguna forma lesionen derechos fundamentales.
  1. c) Prueba legalmente practicada, lo que implica que se haya respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba.
  1. d) Prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe deducirse lógicamente la comisión del hecho y la participación del acusado en el hecho delictivo
José Ramón Salmerón -ABOGADO-
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