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JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PRUEBA PRECONSTITUIDA

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PRUEBA PRECONSTITUIDA
La prueba preconstituida es una prueba documental sobre hechos irrepetibles imposible de trasladar, por medios de prueba ordinaria, al juicio oral. Ésta debe ser practicada por el juez instructor, al que pertenece originariamente la competencia.
Sin embargo, la policía, ya sea la ordinaria o la judicial, y el Ministerio Fiscal pueden, como personal colaborador del juez de instrucción, de manera preventiva y acreditando siempre razones de urgencia, efectuarla. 
El articulo 126 de la Constitución dispone que “la policía judicial  depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley establezca”
En la actualidad dicha Ley es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 282 concreta las funciones de la policía judicial:
La policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
Junto a la actividad instructora de investigación del delito y determinación de su autor, el artículo 282  de la LECrim establece la obligación de la policía judicial de asegurar el cuerpo del delito, de lo que se desprende que también la policía está constitucionalmente legitimada para generar actos de prueba preconstituida que permitirán, en un futuro no siempre inmediato, a un Tribunal fundar una Sentencia condenatoria.
La prueba preconstituida es una prueba documental, que puede practicar el juez de instrucción y su personal colaborador (policía judicial y Ministerio Fiscal) sobre hechos irrepetibles, que no pueden, a través de los medios de prueba ordinarios, ser trasladados al momento de realización de juicio oral. 
Por ello, dicha prueba tiene un carácter aseguratorio de los indicios y fuentes de prueba, que, bajo determinadas garantías formales, de entre las que destaca la de garantizar la “posibilidad de contradicción” posibilitan su introducción en el juicio oral, a través de la lectura de documentos (articulo 730 LECrim), como documentos públicos oficiales suficientes para fundar una sentencia de condena.

 

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