JUICIO NULO EN DELITO DE ABUSO SEXUAL POR DEFECTO EN LA GRABACIÓN

JUICIO NULO EN DELITO DE ABUSO SEXUAL POR DEFECTO EN LA GRABACIÓN

JUICIO NULO EN DELITO DE ABUSO SEXUAL POR DEFECTO EN LA GRABACIÓN
El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 4 de los de El Puerto de Santa María, incoó sumario con el número 1/2013 contra D. Leonardo, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Cádiz que, con fecha 17 de septiembre de 2015, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
El acusado Leonardo, de 62 años de edad, inició una relación sentimental con María Luisa en el año 2008 quien residía en  >>>> con sus hijos: Aurora y Prudencio, este último nacido en 1997.
En fecha no determinada pero en todo caso anterior a diciembre de 2010, contando el menor con 12 años de edad, el acusado, aprovechando los momentos en los que se encontraba a solas con el menor, ya sea en la casa que este compartía con su madre y hermana, ya en la que constituía residencia habitual del procesado y con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, comenzó una relación sexual con él en la que, desde el primer momento, le realizaba tocamientos en los genitales así como masturbaciones y felaciones mutuas.
El menor llegó a penetrar al acusado analmente habiendo intentado éste penetrar al menor al menos una vez sin conseguirlo. El acusado se duchaba con el menor, veía películas de contenido pornográfico con él para proceder a masturbarse mutuamente y le enseñaba fotos y videos de mujeres desnudas.
Estas conductas se repitieron en numerosas ocasiones sin poder especificar la cantidad (pero en todo caso en más de diez ocasiones) hasta el día en que el menor cumplió 15 años; y en más de tres ocasiones antes de que cumpliera los 13 años.
El día en que cumplía 15 años, el acusado le envió un mail con contenido pornográfico y se dirigió al dormitorio del menor; al ver que se estaba masturbando en su dormitorio, el acusado se quedó mirando con la intención clara de satisfacer sus necesidades sexuales.
A raíz de lo anterior, el menor reflexionó sobre lo atípico de su relación con el novio de su madre y decidió contarle todo a su padre a pesar de los sentimientos de vergüenza y culpabilidad que le provocaba la situación.
La Audiencia Provincial en la citada sentencia, dictó la siguiente:
“Que debemos condenar y condenamos a Leonardo, como autor responsable de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, absolviéndole del delito de corrupción de menores al entenderlo incluido en el continuado de abusos sexuales, imponiendo por el primero de los delitos las pena de nueve años de prisión, etc…”
Notificada la sentencia, se interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción de ley y precepto constitucional consistente en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías del artículo 24 de la Constitución.
Denuncia el recurrente la indefensión que le causa el no poder formalizar el recurso de casación en los términos en que había sido preparado, ante la imposibilidad de consultar el acta que documentaba el juicio en la Audiencia Provincial que, por un deficitario funcionamiento del sistema instalado en la sala donde se celebró, no fue grabado correctamente, en particular al reproducir la declaración de la víctima y la ratificación de los peritos intervinientes, que resultan inaudibles.
La única prueba en la que el Tribunal sentenciador basó su fallo condenatorio fue la declaración de la víctima y la pericial que sobre la credibilidad de su testimonio se practicó y ratificó en la vista, lo que le impide cuestionar la suficiencia probatoria y la razonabilidad en la valoración realizada por aquél.
Respecto a la documentación de las sesiones del juicio oral en el sumario (y también para el procedimiento penal establecen los artículos 788 y 743 de la LECrim, que:
“El desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.
Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías.
En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista, o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial, atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los términos previstos en el apartado siguiente.
Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar el Secretario judicial deberá consignar en el acta, al menos, los siguientes datos: número y clase de procedimiento; lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; peticiones y propuestas de las partes; en caso de proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica de las mismas; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte.
Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesarios, el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.
El acta prevista en los apartados 3 y 4 de este artículo, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación carezca de medios informáticos.
En estos casos, al terminar la sesión el Secretario judicial leerá el acta, haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Presidente y miembros del Tribunal, por el Fiscal y por los defensores de las partes”.
La regla general es la grabación del juicio oral que constituye el acta a todos los efectos, si bien se admite la combinación de grabación con acta escrita cuando no existen mecanismos para garantizar autenticidad e integridad (artículo 743.3).
Cuando no es posible el uso de medios técnicos de grabación, será suficiente el acta extendida por el Secretario judicial elaborada por medios informáticos (artículo 743.4), que solo podrá ser manuscrita cuando se carezca de aquellos.
En cualquier caso, cuando el Secretario (ahora Letrado de la Administración de Justicia) no pueda contar con mecanismos de grabación o los disponibles no puedan garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado, el acta ha de ser sometida al control de las partes, que podrán efectuar las reclamaciones que estimen pertinentes, y quienes firmarán la misma junto con el Tribunal.
En este caso, según se deduce de la diligencia de vista que extendió la Secretaria judicial, la Sala donde había de celebrarse el juicio contaba con los medios tecnológicos necesarios para que aquella garantizara la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido.
Por ello, anunció al inicio de las sesiones del juicio oral, que éste se grabaría en soporte audiovisual y posteriormente en CD que constituiría a todos los efectos el “Acta de Vista”, para acto seguido identificar a los miembros del Tribunal, a la representante del Ministerio Fiscal y al Letrado de la defensa.
Lo que no aclara la diligencia es si finalmente quien la suscribió, iba a presenciar la vista o, por el contrario, hacía uso de la facultad que el mencionado precepto de la ley procesal le otorga en esos casos para ausentarse de la misma.
La reproducción de la grabación obtenida, además de ser inaudible en el apartado correspondiente a la testifical de la víctima y a la pericial sobre credibilidad, no permite, asegurar si la Secretaria estuvo o no presente, aún cuando no conste que concluido el juicio, validara la grabación.
En cualquier caso es evidente que el sistema no funcionó adecuadamente
  • Bien sea porque el mismo falló a lo largo del desarrollo del juicio y éste no quedó adecuadamente registrado
  • Bien porque en el proceso de almacenamiento o culminado éste el archivo se corrompiera
  • O incluso porque el daño proviniera de una ulterior manipulación del mismo de cara a su reproducción
La conclusión es la misma: la inexistencia de acta que documente en el juicio
La experiencia demuestra que con frecuencia se producen déficits en la captación de imágenes y, sobre todo, de sonido. Un eficaz control durante el desarrollo de las sesiones permitiría detectar el problema y buscar la solución, tecnológica de ser de esta naturaleza la incidencia, o incluso de buenas prácticas.
En definitiva, contar con un sistema que no funciona adecuadamente es tanto como carecer de él, por lo que una vez constatada la imposibilidad de obtener una grabación de calidad, el escenario demanda la presencia del Letrado de la Administración de Justicia de acuerdo con lo previsto en los números 3 y 4 del citado artículo 743 de la LECrim y el correspondiente acta escrita.
El funcionamiento de la Administración de Justicia no puede sustraerse del entorno en el que actúa y de sus avances, incluidos los tecnológicos. Solo desde esa óptica puede hablarse de una justicia moderna y de calidad.
También resulta lógico que esos avances tengan su reflejo en el proceso en la medida en que puedan compatibilizarse con los derechos que el mismo concita.
La videograbación es un privilegiado método de documentación en cuanto permite un reflejo fidedigno del desarrollo del acto procesal de que se trate; pero a esa incuestionable ventaja se suman también ciertos inconvenientes. Los más relevantes los que afectan a los derechos de las partes, como los que, motivados por fallos técnicos o por un inadecuado control humano sobre el sistema.
En este contexto, el pasado 24 de mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, reunida en pleno no jurisdiccional adoptó el siguiente acuerdo:
  • El actual sistema de documentación de los juicios orales es altamente insatisfactorio y debería ser complementado por un sistema de estenotipia. Dada la naturaleza de las deficiencias observadas en numerosos casos, habrá de garantizarse, en relación con lo dispuesto en el artículo 743 de la LECrim, la autenticidad, integridad y accesibilidad del contenido del soporte que se entregue a las partes y del que se remita a los Tribunales competentes para la resolución del recurso.
  • Cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para la resolución del recurso, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos, que genere indefensión material, determinará la nulidad del juicio oral o, en su caso, la absolución.
En el supuesto que nos ocupa: delito continuado de abuso sexual, cualquiera que fuera la razón por la que el sistema no funcionó correctamente, la consecuencia es que imposibilitó la grabación adecuada de la vista o al menos su reproducción, de tal manera que tal acto no quedó debidamente documentado de ninguna manera, ni por soporte audiovisual ni por acta escrita. Ignorando la razón de ese déficit, desde luego no imputable al recurrente, lo que obliga a analizar su incidencia en el derecho que se dice vulnerado.
En el caso que nos ocupa la Sala sentenciadora basó su convicción respecto a los hechos que declaró probados y la culpabilidad del acusado en el testimonio de la víctima.
Lo analizó desde el triple prisma de la persistencia en la incriminación, verosimilitud y ausencia de incredibilidad subjetiva.
Calificó dicho testimonio de «fiable y sólido, florido en detalles espontáneos, coherente en todo momento, sin contradicciones groseras o inexplicables, sin dar la sensación en ningún momento de mecanicidad en la narración del relato, ofreciendo un testimonio potente».
Consideró el mismo de suficiente contenido incriminatorio en cuanto al alcance de los hechos enjuiciados.
Y así afirmó «El menor ha relatado cómo tenía una magnífica relación con el acusado, quien iba a su casa con frecuencia, y que algunas veces se quedaban a solas, advirtiendo como primero empezaron con juegos y tocamientos, para luego masturbarse y cometer felaciones de manera mutua y recíprocas … Igualmente la Audiencia Provincial no tiene duda alguna, de que cuando se producían las felaciones o penetraciones bucales el menor en modo alguno había cumplido 13 años de edad.
Finalmente la Audiencia Provincial aludió a la pericial sobre credibilidad del testimonio del menor y señaló «el Tribunal teniendo a la vista el informe que emiten las psicólogas, no puede sino reafirmarse en su convencimiento, pues dichas profesionales, califican la versión del menor como de “creíble”, adjetivo que responde al grado de fiabilidad máximo.
El recurrente discrepa de esa valoración y se queja de la imposibilidad de combatir la misma
Según sostiene, fueron muchas las contradicciones en las que incurrió el menor en su declaración, e inconsistente e ilógica la ratificación del dictamen pericial aportado por la acusación, sin poder pormenorizar sus quejas ante la falta de constancia del desarrollo del juicio.
Tal situación le aboca, dice textualmente el recurso “a sufrir la pena de 9 años de prisión por unos delitos no cometidos por él, enjuiciados en única instancia (ante la inexistencia de la segunda instancia en nuestro sistema procesal penal), y sin que exista rastro o evidencia de lo sustanciado en el acto del juicio para poder combatir, cuanto menos, la ausencia probatoria y la falta de razonabilidad en lo que a la interpretación y valoración de la prueba ha realizado la Audiencia Provincial”.
Tiene razón el recurrente
Al no constar documentadas las pruebas tomadas en consideración por el Tribunal sentenciador, no puede aquél comprobar el sentido de tales declaraciones, ni las posibles contradicciones, inexactitudes o imprecisiones relevantes, en relación a la primera, o las aclaraciones en cuanto a metodología y conclusiones en la segunda, cuestión ésta sobre la que la sentencia no fue excesivamente explícita.
Podrá consultar las declaraciones del menor que obran documentadas en el sumario, pero no confrontarlas con las del plenario.
Lo mismo ocurre con la pericial, no existe ahora modo de reproducir las explicaciones de sus autoras sobre el rigor de las técnicas que emplearon, que la sentencia admite que fueron expresamente cuestionadas.
En definitiva, la parte se ha visto imposibilitada por causa ajena a su voluntad para formular un recurso en el que pudiera desarrollar de manera fundada sus discrepancias con el criterio de la Audiencia Provincial.
Así pues, el Tribunal Supremo se encuentra ante un supuesto que rebasa el listón de una indefensión meramente formal o hipotética, para integrar una afectación material de los derechos del acusado, especialmente del derecho a la tutela judicial efectiva en la faceta que concierne a la posibilidad de acceder de manera efectiva a los recursos previstos en la ley.
En definitiva se le ha irrogado indefensión de relevancia constitucional que solo a través de la nulidad reclamada podría resultar subsanada.
A tenor de lo que se ha argumentado en los fundamentos precedentes, se procede declarar la nulidad del juicio celebrado ante la Audiencia Provincial de Cádiz.
La nulidad que se acuerda conlleva la retroacción de las actuaciones al momento de señalamiento de la vista oral del juicio, debiéndose celebrar un nuevo juicio por un tribunal diferente y cuyo desarrollo quede debidamente documentado.
SENTENCIA Nº 529/2017 DE TS, SALA 2ª, DE LO PENAL, 11 DE JULIO DE 2017

 

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