DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

LA INSTAURANCIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

El delito de Blanqueo de Capitales viene regulado en los artículos 298 a 304 del Código Penal y su origen data de la Ley Orgánica 1/1988, que dio lugar a la redacción del art. 546 bis f) del anterior código penal de 1973, solamente referido al blanqueo de bienes procedente del tráfico de drogas.
Finalmente es en el  Código Penal de 1995, donde se describe de manera unificada la conducta de blanqueo en el artículo 301, penándose en una modalidad dolosa y otra imprudente, siendo modificado este delito en su tipo básico en la reforma del código operada por Ley Orgánica 15/2003.
Ante el desarrollo histórico del instituto jurídico del Blanqueo de Capitales, decir que ha sufrido en el tiempo una ampliación de los sujetos obligados por la normativa que regula la materia como del delito base; y también cabe destacar el control y estudio sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales.
La legislación actual opta por disociar el régimen represor penal del preventivo dando mayor amplitud a este último.
En este sentido la ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo pasa a considerar que las bases no declaradas y en consecuencia cuotas defraudadas de los impuestos pueden ser objeto de su tratamiento posterior como blanqueo, estableciendo así una conexión entre blanqueo de dinero y delito contra la Hacienda Pública que ni en la doctrina ni en la jurisprudencia estaba clara hasta ese momento.
Concretamente el artículo 1.2.d) de la Ley 10/2010 estipula que “a los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública” 
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