IMPUTACIÓN JURÍDICO-PENAL ATRIBUIDA A UNA CONDUCTA IMPRUDENTE EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA

SOBRE LA IMPUTACIÓN JURÍDICO-PENAL ATRIBUIDA A UNA CONDUCTA IMPRUDENTE EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA

SOBRE LA IMPUTACIÓN JURÍDICO-PENAL ATRIBUIDA A UNA CONDUCTA IMPRUDENTE EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA
Se debe recordar que, según una línea jurisprudencial ya consolidada, para imputar jurídico-penalmente un resultado de lesiones o muerte a una conducta en el marco de la actividad médica es necesario que, junto a la inexistencia de dolo, concurran los siguientes elementos:
  • En primer lugar, la creación de un riesgo típicamente relevante para con la vida y/o salud de la persona del paciente, elemento que en el injusto imprudente se vincula con la infracción de la norma de cuidado, esto es, la acomodación o no del facultativo en su actuación al estándar técnico aplicable al caso, calificando los hechos como constitutivos de un delito o como un falta de homicidio/lesiones imprudente en atención, respectivamente, a la gravedad o levedad de la norma de cuidado conculcada;
  • En segundo lugar, la denominada relación de riesgo, o imputación “objetiva” en sentido estricto, es decir, es necesario probar que el resultado de muerte y/o lesión producido es imputable al riesgo ex ante creado, o más concretamente, a la norma de cuidado vulnerada por el facultativo en cuestión, debiendo acreditarse en los casos de omisión que el tratamiento o actuación correcta hubiera evitado en una probabilidad rayana a la seguridad dicho resultado lesivo.
Debe destacarse que la imputación de responsabilidades penales en el ámbito de la actividad médica resulta especialmente compleja entre otras razones por la inexactitud, la relatividad y la imposibilidad de establecer reglas apriorísticas y generales en el marco de este saber humano.
Ha de ponerse de manifiesto que la cuestión de la graduación del grado del injusto así como el desvalor de la acción, esto es, la graduación de la imprudencia requiere la ponderación de, al menos, dos elementos principales, que son:
  • Por un lado, la previsibilidad del riesgo (factor subjetivo)
  • Por otro, la intensidad del deber objetivo de cuidado (factor normativo u objetivo).
La imprudencia es grave cuando existe un grado importante de descuido y la afectación de una norma o regla de actuación más o menos relevante o determinante de la actuación facultativa, cuestiones que han de determinarse caso por caso en función de las circunstancias concurrentes.
Recientemente, como ejemplo de imprudencia grave con resultado de lesiones irreversibles, ejecutada por ginecólogo ante una inadecuada atención a un parto:
Nos dice en sentencia el Juez, que a tenor de los de hecho expuestos y de la valoración de los mismos, quedó acreditado que el acusado dispuso de los medios personales– matrona, anestesista, auxiliar y celadora- y materiales- quirófano con instrumentación adecuada- para realizar la cesárea correctamente pautada por el mismo, y sin embargo no lo hizo, sin que exista por un lado motivo legitimador de su tardanza. Y por otro lado a pesar de conocer que el feto seguía en bradicardia por información facilitada por la matrona a las 16,10 h, de lo que se colige que omitió las medidas que la lex artis prevé como necesarias para tratar de evitar la lesión de los bienes jurídicos encargados a su tutela dada su condición de cirujano director, especializado en obstetricia y ginecología, y encargado por ello de solventar adecuadamente las incidencias surgidas en el parto de la denunciante, reseñando la médico forense que en caso de haberse realizado la conducta omitida no se hubiesen derivado las graves consecuencia neurológicas que padeció el RN, deducción que se hace al leer la conclusión quinta del Informe Forense cuando afirma
  • La cesárea se realizó más tarde de lo que era necesario para evitar las lesiones fetales, siendo la causa de ese retraso, como ya se ha dicho, la inacción injustificada del acusado.
En definitiva se produjo una desestabilización de la fuente de peligro –de un registro normal se pasó a uno patológico– y con su omisión, no hacer, el acusado no puso los medios a su alcance para procurar que el peligro se situase en los límites del riesgo permitido, conjurándose el peligro creado en un resultado lesivo que se hubiese evitado, o en último término minimizado, de haber realizado el acusado la conducta que le era exigible.
Pablo Salmerón
Abogado
nexta@nexta.es

 

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