EL EJERCICIO DEL CARGO POLÍTICO NO SUPONE LA IMPUNIDAD

EL EJERCICIO DEL CARGO POLÍTICO NO DEBE SUPONER LA IMPUNIDAD

EL EJERCICIO DEL CARGO POLÍTICO DEBE NO SUPONER LA IMPUNIDAD
La gran mayoría de ciudadanos esperamos que el Tribunal Supremo no tenga a bien facilitar la labor política de los golpistas elegidos como diputados.
El criterio del Tribunal debe ser claro y en consonancia al de la Fiscalía:
  • No considerar que los diputados electos en prisión y aquellos otros que se encuentren fugados de la justicia, tengan que abandonar su situación de cárcel preventiva, o bien esperando su aplicación, por su condición de diputados
Los partidos políticos deben saber desde el primer momento que incluir a investigados, imputados en prisión o evadidos en las listas, supone una limitación a la posibilidad de ejercer el cargo; concurrir a elecciones existiendo un proceso penal, puede limitar la actividad política en algún aspecto.
Aplicar el criterio contrario significa implantar la impunidad. Aunque puntualmente el Juez Instructor pueda decidir acordar excepciones, el criterio general debe ser que:
  • Si el preso o fugado recoge el acta, no podrán ejercer el desempeño de sus cargo
El Tribunal puede aceptar puntualmente hacer una excepción pero debe mantener el criterio de que:
  • La prisión no vulnera los derechos del preso a participar en elecciones y en el proceso político.
Se puede aceptar que la representatividad electoral es un derecho básico en democracia, pero su efectividad no puede dejar sin efecto las consecuencias propias de un proceso penal, menos aún cuando se incoa imputando delitos muy graves.
La situación de prisión provisional inutilizará de facto el desarrollo de los cargos de los electos pendientes de prisión preventiva, ello no puede hacer desaparecer la obligación de asumir las consecuencias de la comisión de un delito, y tampoco las que pudieran derivarse de la existencia de indicios suficientes de esa comisión, que, en ocasiones, pueden determinar la adopción de medidas cautelares limitativas o privativas de derechos.
Lo señalado anteriormente es extensible a todos los golpistas pendientes de esta situación de privación de libertad o de detención, que se encuentran prófugos de la Justicia.
En el supuesto de que todos recojan el acta de diputado, puede darse la situación de que los votos que eran suficientes en el Parlamento Catalán para respaldar un Gobierno separatista ya no sumen, y en consecuencia los separatistas necesiten el apoyo de otra formación.

 

 

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