SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE "DOCUMENTO" EN EL ÁMBITO PENAL

SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE “DOCUMENTO” EN EL ÁMBITO PENAL

SOBRE LA CONSIDERACIÓN DE “DOCUMENTO” EN EL ÁMBITO PENAL

A tenor de lo establecido en el articulo 26 del Código Penal, tiene la consideración de “documento” a efectos penales:
  • todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones que pueda tener eficacia probatoria o bien que incorporen al proceso cualquier otro tipo de hechos con relevancia jurídica
Los documentos con relevancia penal deben ser:
  • atribuibles a una o varias personas, aunque no estén firmados
  • tener capacidad para producir efectos en el tráfico jurídico
  • y estar destinados a dicho tráfico desde su creación o con posterioridad
En consecuencia, cuando se habla de soporte material, nos estamos refiriendo igualmente a todos aquellos documentos “no escritos” que van en soporte distinto del papel, es decir aquellos otros impresos en soportes propios de las nuevas tecnologías: cintas, videos, voz grabada, etc…
El documento electrónico tiene carácter documental y se incluye dentro de la modalidad de prueba documental:
  • el soporte en el que figuran los datos firmados electrónicamente, dando mayor seguridad jurídica al empleo de la firma electrónica al someterla a las reglas de más y mayor eficacia en juicio, como prueba documental
La firma electrónica es equivalente funcionalmente a la firma manuscrita, pero es preciso que la firma electrónica esté acreditada a través de un certificado reconocido y haya sido creada por un dispositivo seguro de creación.
En relación con los documentos públicos, para distinguirlos de otros, se debe tener en consideración el artículo 1216 del Código Civil y el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
  • son admitidos en la doctrina jurisprudencial penal
Y relativo a los documentos privados, que son distintos de los documentos mercantiles a efectos penales, se debe tener en consideración el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los documentos oficiales son los que provienen de las Administraciones Públicas para satisfacer las necesidades del servicio o función pública, y, de los demás entes o personas jurídico-públicas para cumplir sus fines institucionales.
Los documentos mercantiles en sentido jurídico penal son la expresión de operaciones mercantiles en sentido amplio que merecen una especial protección por su valor probatorio.
Los documentos privados son los que incluyen declaraciones capaces de producir efectos jurídico penales una vez comprobadas las firmas:
  • no tienen la naturaleza de los documentos públicos, oficiales o mercantiles
El documento privado para ser penalmente relevante ha de ser susceptible de constituir, disponer o testimoniar un derecho o un hecho de trascendencia jurídica:
  • en relación a la fecha del documento privado y a efectos probatorios frente a terceras personas hay que tener en cuenta lo regulado en el artículo 1227 del Código Civil
Relativo a la trascendencia de los documentos en el ámbito penal, alguna sentencia viene a matizar que las alteraciones realizadas en fotocopias no constituyen falsedad en documento oficial, sino que lo son documento privado, siempre que puedan tener eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.
Pablo Salmerón (Abogado) -Granada-
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