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DELITO FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES

La normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo ha sido criticada por la doctrina académica al entender que pudiera ir contra el principio constitucional de reserva de Ley Orgánica para el establecimiento de delitos, ya que, en opinión de la doctrina, el delito de blanqueo se ha convertido en la herramienta principal de la Inspección de Hacienda, estableciéndose además el concurso real de delitos entre el delito contra la Hacienda Pública y el de blanqueo con lo que ello significa de aumento de las penas.
Además, la doctrina hace referencia a la inseguridad jurídica que supone la regulación como infracción administrativa de las contravenciones a la Ley 10/2010, puesto que el incumplimiento de las obligaciones por parte de empleados y directivos podría ocasionar que se incurra en un delito de blanqueo, ya que la jurisprudencia admite la forma culposa del delito de blanqueo, al considerar delictivas aquellas conductas consistentes en la omisión del cumplimiento adecuado, correspondiendo la interpretación de lo que se considera adecuado a las autoridades administrativas y judiciales, de las obligaciones legales de prevención del Blanqueo de Capitales que tengan el resultado de favorecer la comisión del delito de blanqueo a terceras personas.
En su redacción actual, puede incurrirse en un delito de Blanqueo de Capitales tanto de forma dolosa consistente en la adquisición, posesión, utilización, conversión, o transmisión de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por su autor o por cualquiera tercera persona, o la realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, como imprudente, si bien hay dudas dogmáticas y jurisprudenciales al respecto, y en ese caso la pena máxima se reduce, manteniéndose tanto la pena mínima de prisión de seis meses como la multa del tanto al triple del valor de los bienes blanqueados.
En su forma imprudente, como indica la doctrina, solo podrá ser cometido el citado delito por los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo a los que se refiere el art. 2 de la Ley 10/2010. Ya que el legislador consideró que el incumplimiento de la Ley supondría una negligencia merecedora de reproche penal cuando, como consecuencia de ella, se permite la entrada en el sistema económico de los fondos ilegales.
La Ley, prevé el autoblanqueo, dando así por concluidas las dudas jurisprudenciales al respecto, y en relación con la inclusión de la cuota defraudada, la doctrina entiende que: “según la definición de blanqueo de capitales de la Ley 10/2010, el contribuyente defraudador, por el mero hecho de serlo cometería, al mismo tiempo y por los mismos hechos dos delitos, uno el de defraudación y otro el de blanqueo porque posee bienes que tienen origen en tal actividad. Tal interpretación debe de ser rechazada de raíz, no solo por la invocación del principio de non bis in idem sino porque la lectura del precepto debe ser hecha en su totalidad y en conexión con los preceptos del Código Penal
El artículo 1 de la citada Ley ha sido interpretado por la doctrina en el sentido de que “el blanqueo por el propio autor del delito fiscal sólo será posible cuando con él se pretenda ocultar o encubrir el origen delictivo del dinero, es decir que el autor pone en conexión directa el que la Ley considere como bienes procedentes de una actividad delictiva la cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública, lo que hace en el párrafo tercero del punto 2 del citado artículo, con el hecho de ocultar o encubrir su origen, que es lo que directa o indirectamente se exige en los apartados a), b) y d) del punto 2 del precitado artículo.
Y es que no puede ser de otro modo por pura lógica jurídica. Además y como señala el citado autor no puede olvidarse que la consideración de la cuota defraudada como bien procedente de una actividad delictiva lo es sólo a los efectos de esta Ley.
Interesa insistir en esta última apreciación ya que el artículo 1 que comentamos insiste en ello de forma reiterada, pues con esa indicación comienza el punto 2 cuando refiere a las actividades que luego señala en sus cuatro letras.
Así comienza igualmente el ya referido párrafo tercero del mismo punto 2 y, por último, así comienzan los puntos 3 y 4 siguientes. Luego no cabe duda de que la Ley insista en que las definiciones, como expresa el título del citado artículo, lo son a los efectos de esta Ley, por lo tanto las mismas no pueden interferir directamente en las disposiciones contenidas en el Código Penal.
Podría decirse que en este punto las dos leyes regulan el blanqueo de capitales en paralelo, es decir, cada una a sus propios efectos. De manera que la Ley 10/2010 lo hace disponiendo las medidas necesarias para prevenir los delitos que enuncia en su título, blanqueo y financiación del terrorismo y efectivamente su contenido es preventivo, mientras que los preceptos del Código Penal reformado lo hace en la función propia de esta norma, que es tipificar los delitos y sus penas.
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