DELITO DE COHECHO

DELITO DE COHECHO

El delito de cohecho es tratado en los artículos 419 a 427 del código penal
El delito en si, trata sobre la corrupción de las autoridades y los funcionarios públicos, a través de la existencia de dádivas o presentes ajenos a su sueldo ”regalitos”
Con estos tipos penales, el legislador trata de castigar aquellas conductas que comprometen no sólo la imparcialidad con la que debe actuar todo funcionario público, sino la honradez e integridad que debe caracterizar a las autoridades y funcionarios públicos y, con ello, la credibilidad de las instituciones y organismos públicos.
Se supone que los funcionarios públicos deben realizar el servicio a la función pública que se les ha encomendado sin interferencias de intereses privados que puedan afectar a los intereses públicos o generales a los que sirven.
  • Ningún funcionario público puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública, al ser una de las notas características de la función pública que el abono de sus servicios corra a cargo del Estado
  • El Tribunal Supremo ha señalado la necesidad de perseguir, con instrumentos penales, todas las actividades que revelan la corrupción de los funcionarios públicos y ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado
La jurisprudencia y la doctrina penal distinguen dos clases de cohecho, el pasivo y el activo
En el cohecho pasivo se sancionan las conductas de corrupción de las autoridades y funcionarios públicos consistentes en la solicitud o recepción de dádivas a cambio de realizar alguno de los siguientes hechos
  • Actos contrarios a los deberes inherentes al cargo o función >>> articulo 419.1
  • La no realización, o bien el retraso injustificado, de actos que debieran ser realizados por la autoridad o funcionario público >>> articulo 419.2
  • Realizar un acto propio de su cargo >>> articulo 420
  • Recibir una dádiva en consideración al cargo o función del destinatario >>> articulo 422
En relación con el cohecho activo, decir que  se sanciona en el artículo 424 y prácticamente trata de la responsabilidad en la que incurre el particular que “unta” al funcionario en los supuestos anteriores; seria la otra cara de la moneda del delito.
Aquí se sanciona a los particulares que ofrezcan o entreguen dádivas a los funcionarios públicos para realizar alguno de los hechos que se han descrito anteriormente, o bien atiendan la solicitud de dádiva del funcionario.
No obstante el particular, goza de un plazo, no excesivo, para denunciar el hecho de haber accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva, denuncia por la que puede obtener la exención de la pena.
En las diferentes modalidades de cohecho se persigue la conducta de corrupción, imponiendo sanciones tanto a los funcionarios públicos que participen de aquélla como a los particulares que la promuevan o acepten.
Parte de los estudiosos del derecho penal, dicen encontrarnos ante un delito de naturaleza bilateral por el hecho de que se exige una especie de convenio o cooperación entre las dos personas, funcionario público y particular, que necesariamente han de intervenir en él; pero la doctrina más reciente defiende la naturaleza unilateral de este tipo de infracción, ya que lo relevante no es la concurrencia de dos personas, sino la conducta independiente de cada una de ellas, funcionario y particular, y es por ello por lo que se tipifican independientemente, la conducta del funcionario y la del particular. Es decir, no se requiere la existencia de un pacto entre ellos, sino que basta con la tipicidad del acto unilateral de cada uno de los sujetos intervinientes.
El bien jurídico protegido en las dos clases de cohecho es
  • El normal funcionamiento de los servicios públicos que los órganos e instituciones del Estado vienen obligados a dispensar a los ciudadanos
  • Para otros es la indemnidad del prestigio de la función pública y la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos
  • Igualmente se habla de proteger la imparcialidad que debe presidir toda actuación de la Administración, así como la neutralidad en el ejercicio de la función pública
Pero sobre los funcionarios públicos pesa mayor responsabilidad, por los deberes específicos de fidelidad a su cargo que quebrantan, así como por la confianza en ellos depositada.
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