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LA NUEVA UBICACION DE LOS DELITOS DE ALZAMIENTO DE BIENES

Después de un año y medio de su entrada en vigor, se hace necesario exponer la modificación operada por Ley Orgánica  1/2015 que con carácter general, han sufrido el conjunto de los delitos de alzamiento de bienes.
La reforma de los delitos de alzamiento de bienes no se ha limitado a la revisión técnica de los preceptos, ni a la introducción de nuevas figuras delictivas que completen la tutela penal de los derechos de crédito, sino que ha tenido como primer punto la revisión sistemático-formal, cuyo contenido debe exponerse brevemente.
El legislador penal ha optado por recoger la subdivisión clásica que la doctrina venía realizando respecto de los delitos integradores de las insolvencias punibles, esto es, por una parte, los delitos de alzamiento de bienes -artículos 257 y 258 del código- y, por otra parte, los delitos de concurso punible -artículos 259 a 261 bis del código-.
Y todo ello, debido a la necesidad de establecer una clara separación, se ha traducido en la reubicación de estos grupos de delitos en capítulos diferentes dentro del mismo Título de código.
La segregación de los delitos que hasta ahora constituían las insolvencias punibles ha supuesto el abandono de la unidad sistemática que constituían los delitos de insolvencia, que ya era presente en el código de 1973, en el que ambos los delitos de alzamiento de bienes y de concurso punible constituían uno de los subgrupos de los llamadas defraudaciones -articulos 519 y siguientes del texto de 1973-.
La nueva sistematización de los delitos ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina, que no ha compartido el razonamiento que ha empujado al legislador a diferenciar y reubicar dichos preceptos.
Las semejanzas y puntos en común entre ambos delitos, cuyo nexo común es la insolvencia del deudor, son superiores a sus diferencias, por lo que su separación artificial podría llegar a generar problemas de interpretación teleológica, ya que ambos delitos comparten el mismo bien jurídico protegido: la satisfacción del derecho de crédito por parte de los acreedores.
Asimismo, los hasta ahora llamados delitos de alzamiento de bienes ven sustituida su tradicional denominación por la nueva rúbrica de delitos de frustración de la ejecución. Esta nueva denominación recoge en cierta medida la literalidad utilizada por los tribunales penales para describir el fin perseguido por las conductas tipificadas en los delitos de alzamiento de bienes: la frustración del derecho de crédito de los acreedores, al impedir su satisfacción a través de los bienes del deudor.
Dicha modificación presenta una escasa transcendencia jurídica, lo cual no ha sido óbice para que la doctrina criticara la adecuación de la nueva denominación. La nueva rúbrica encaja mal con algunas de las conductas subsumibles en los delitos del nuevo capítulo septimo, cuya comisión se produce en una fase previa al inicio del procedimiento de ejecución, como por ejemplo el tradicional delito de alzamiento de bienes previsto en el articulo 257.1.1.º del codigo o en el articulo 257.1.2.º, en la medida en que admiten conductas de frustración de procedimientos ejecutivos o de apremio de previsible iniciación.
A pesar de no haberse realizado ningún cambio a este respecto, conviene aclarar que la nueva sistematización de los ahora delitos de frustración en la ejecución no ha supuesto ninguna modificación del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de la regulación existente para los delitos de insolvencias punibles.
El nuevo artículo 258 ter reproduce literalmente el contenido del artículo 261 bis del CP (cuya redacción no ha sido objeto de revisión por la reforma), de modo que los delitos de alzamiento de bienes, ahora de frustración de la ejecución, continúan siendo susceptibles de generar responsabilidad penal a la persona jurídica.
A continuación se describirán las modificaciones de fondo planteadas por la reforma, y se apuntarán, sin ánimo de exhaustividad, los posibles problemas o inconvenientes que podría generar la nueva regulación en la práctica jurídica.
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