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SE SOLICITA POR LA DEFENSA LA NULIDAD DEL AUTO INICIAL DE AUTORIZACIÓN DE LAS ESCUCHAS

SE SOLICITA POR LA DEFENSA LA NULIDAD DEL AUTO INICIAL DE AUTORIZACIÓN DE LAS ESCUCHAS
Se solicita por todas las defensas la nulidad del Auto inicial de autorización de las escuchas dictado con fecha >>>>> por vulneración del articulo 18.3 de la Constitución,  siguiendo con el Auto de >>>> y de los sucesivos autos de prórroga, así como de las diligencias que resulten ligadas por ellos, en concreto las entradas y registros decretadas de fecha >>>>>  y aprehensión de sustancias.
Los motivos de alegación de tales nulidades son:
  • En primer lugar que el oficio policial inicial carece de datos objetivos o indicios que pudiera dar pie al Magistrado para decretar la autorización
  • En segundo lugar que se carece de control judicial a la hora de establecer las prórrogas
  • En tercer lugar que el Auto dictado carece de motivación que fundamenta la limitación del derecho constitucional limitándose a transcribir el oficio policial
Las partes solicitan la nulidad del Auto inicial y de cada uno de las prórrogas acordadas desde la doble perspectiva de la “conexión de antijuridicidad” respecto al Auto inicial y considerando cada Auto por sí sólo por carencia de motivación. Así mismo se alega que la actuación adolece de falta del requisito de “necesidad” y que lo que se efectuó fue una investigación prospectiva, no habiendo existido un “agotamiento” de la investigación por parte de la policía a la hora de presentar el oficio inicial.
Existe doctrina jurisprudencial al respecto de esta materia, representada por la reciente Sentencia del Supremo de fecha 27/07/2016. En la precitada sentencia se expresa que:
  • Si bien es deseable que la resolución judicial contenga en sí misma todos los datos anteriores, se admite la motivación por remisión, de modo que la resolución judicial puede considerarse suficientemente motivada si, integrada con la solicitud policial a la que puede remitirse, contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad, ya que el Órgano Jurisdiccional carece por sí mismo de la información pertinente, fijado expresamente que no es lógico, ni viable, que el Juez deba abrir una investigación paralela al objeto de comprobar los datos suministrados por la Policía Judicial, tal y como el recurso sostiene
En lo relativo al juicio de proporcionalidad exigido, debe evaluarse desde la observación de tres requisitos concluyentes:
  • La idoneidad o adecuación de la medida para la consecución de los fines que se pretenden
  • Su necesidad, esto es, que la intervención resulte imprescindible para cumplir el éxito de la investigación pretendida y no se ofrezcan otros instrumentos que, siendo igualmente operativos, resulten menos ingerentes en el núcleo esencial del derecho individual que se limita
  • Su proporcionalidad en sentido estricto, esto es, que el sacrificio de los intereses individuales que comporta la injerencia tenga una relación razonable con la importancia del interés estatal que se trata de salvaguardar.
En todo caso, el juicio de pertinencia de la intervención no precisa de una motivación específica, individualizada y secuencial de cada uno de los presupuestos y principios que debe satisfacer la restricción del derecho, tal y como el recurso parece sustentar.
El juicio de proporcionalidad implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios de su existencia y de la intervención del sospechoso, y sobre la necesidad de la medida, todo ello puesto en contraste con la importancia del derecho que pretende limitarse y la extensión temporal de su restricción; debiendo el Juez explicitar todos los elementos indispensables para realizar la ponderación y para hacer posible su control posterior.
Nuestra recientemente aprobada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concreta en el artículo 588 bis A 5  que:
  • Las medidas de investigación reguladas en este capítulo solo se reputarán proporcionadas cuando, tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés público y de terceros. Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la restricción del derecho.
Como dispone la Sentencia del Tribunal Constitucional 197/2009, la resolución judicial que acuerda una intervención telefónica ha de justificar la existencia de los presupuestos materiales habilitantes de la intervención:
  • Los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible comisión de un hecho delictivo grave y de la conexión de las personas afectadas por la intervención con los hechos investigados. Indicios que son algo más que simples sospechas, pero también algo menos que los indicios racionales que se exigen para el procesamiento
La relación entre la persona investigada y el delito se manifiesta en las sospechas que, como tiene declarado este Tribunal, no son tan sólo circunstancias meramente anímicas, sino que precisan para que puedan entenderse fundadas hallarse apoyadas en datos objetivos, que han de serlo en un doble sentido:
  • En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de control
  • Y en segundo lugar, en el de que han de proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan consistir en valoraciones acerca de la persona
Esta mínima exigencia resulta indispensable desde la perspectiva del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las comunicaciones, tal y como la Constitución lo configura, quedaría materialmente vacío de contenido
En consecuencia, para ser válidos los indicios deben ser objetivos. Y se consideran objetivos los indicios que cumplen estos tres requisitos:
  • Ser accesibles a terceros, sin lo cual no serían susceptibles de control
  • Proporcionar una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito
  • No consistir en valoraciones acerca de la persona
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