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LA DECLARACIÓN DE LA VICTIMA “ÚNICA PRUEBA DE CARGO” EN UN DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL.

Ante el enjuiciamiento en vía de revisión por un delito de “Agresión Sexual” el abogado de la defensa alegó en recurso ante el Tribunal Supremo, que se había quebrantado la presunción de inocencia de su patrocinado por:
  • No haberse practicado en el plenario prueba de cargo suficiente de la que se concluya claramente que el acusado agrediera sexualmente a la denunciante, sin que las manifestaciones de la denunciante hayan sido corroboradas por prueba periférica alguna, ni existan motivos para dar mayor credibilidad a sus afirmaciones respecto de la que realizó el denunciado, debiendo reputar la testifical de la madre y de su amiga como de referencia e inidónea para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado
  • Tampoco quedó acreditada en los informes médicos la realidad objetiva de la agresión denunciada
  • No concurrió nota de incredibilidad subjetiva en a denunciante, ya que resultaron patentes en el juicio oral sus contradicciones en cuanto a su adicción y dependencia de sustancias tóxicas, y en cuanto al tratamiento de las mismas
  • No supo concretar la hora en que manifiesta se produjo a agresión, las 18:00 horas o las 19:00
  • Tras la supuesta agresión, sigue haciendo vida normal acudiendo a una cena y se denuncia dos días después
  • Cuando narra la supuesta agresión a su madre no muestra intención de denunciar lo que hace presionada por la familia
  • No se concretó que entiende la denunciante por “introducción” los dedos en la vagina
  • No concurren actos de fuerza
El Supremo le contesta que conforme a una reiterada doctrina de la Sala, la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite al Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en:
  • Una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito
  • Una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas
  • Una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba
  • Una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado
Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior.
El Tribunal Supremo viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de:
  • La lógica
  • Los principios de la experiencia y
  • Los conocimientos científicos
Pero también es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente.
Es decir, que al Tribunal Supremo no le corresponde formar su personal convicción a partir del examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes.
Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.
La declaración de la víctima, según ha reconocido en numerosas ocasiones la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, puede ser considerada prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso aunque fuese la única prueba disponible, lo que es frecuente que suceda en casos de delitos contra la libertad sexual, porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada.
La credibilidad del testimonio de la víctima corresponde valorarla, en principio, al órgano de enjuiciamiento, mientras que al Tribunal Supremo le compete el control de la valoración realizada por el Tribunal de Instancia, en lo que concierne a su racionalidad en función de los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia.
Para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración testifical de la víctima, el Tribunal Supremo, viene estableciendo ciertas notas o parámetros que, sin constituir cada una de ellas un requisito o exigencia necesaria para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración, pues la lógica, la ciencia y la experiencia indican que la ausencia de estos requisitos determina la insuficiencia probatoria del testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre.
Estos parámetros consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva:
  • De su credibilidad subjetiva
  • De su credibilidad objetiva y
  • De la persistencia en la incriminación
Es claro que estos parámetros de valoración constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia, en el sentido de que frente a una prueba única, que procede además de la parte denunciante, dicha presunción esencial solo puede quedar desvirtuada cuando la referida declaración supera los criterios racionales de valoración que le otorguen la consistencia necesaria para proporcionar, desde el punto de vista objetivo, una convicción ausente de toda duda racional sobre la responsabilidad del acusado.
La deficiencia en uno de los parámetros no invalida la declaración, y puede compensarse con un reforzamiento en otro, pero cuando la declaración constituye la única prueba de cargo, una deficiente superación de los tres parámetros de contraste impide que la declaración inculpatoria pueda ser apta por sí misma para desvirtuar la presunción de inocencia, como sucede con la declaración de un coimputado cuando carece de elementos de corroboración, pues se trata de una declaración que carece de la aptitud necesaria para generar certidumbre.
De manera complementaria en otras sentencias, concretamente en la 653/2016, el Supremo calificaba este triple test, como orientaciones que ayudan a acertar en el juicio, puntos de contraste que no se pueden soslayar.
Eso no significa que cuando se cubran las tres condiciones haya que otorgar crédito al testimonio “por imperativo legal”.
Ni tampoco, en sentido inverso, que cuando falte una o varias, la prueba ya no pueda ser valorada y, en ese caso, se considere insuficiente para fundar una condena.
Es posible que no se confiera capacidad convictiva de forma razonada a la declaración de una víctima, por ejemplo, porque se duda del acierto en la  identificación del agresor en una rueda de reconocimiento, pese a que ha sido persistente y cuente con elementos periféricos que parecen apuntalarla y no se detecte ningún motivo espurio que ponga en entredicho su fiabilidad.
Y en otras ocasiones, es imaginable una sentencia condenatoria basada esencialmente en la declaración de la víctima ayuna de elementos corroboradores de cierta calidad, fluctuante por alteraciones en las sucesivas declaraciones; y protagonizada por quien albergaba animadversión frente al acusado.
Si el Tribunal analiza cada uno de esos datos y justifica por qué, pese a ellos, no subsisten dudas sobre la realidad de los hechos y su autoría, la condena será legítima constitucionalmente.
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