CUANDO LA DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NO SIRVE PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

CUANDO LA DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NO SIRVE PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

CUANDO LA DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE NO SIRVE PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
La única prueba de cargo incriminatoria practicada ha sido la declaración de la víctima, ya que los policías no vieron cómo ocurrieron los hechos y el recurrente lo ha negado, por lo que lo primero a examinar es si la declaración prestada por el denunciante en fase de instrucción, y no ratificada en el acto del juicio al no haber comparecido sin causa justificada, introducida conforme al artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia.
Nuestro Tribunal Supremo ha abordado el valor probatorio de las declaraciones testificales prestadas en fase de instrucción.
Asi en una sentencia de 6 de octubre de 1997, nos dice que:
  • El Tribunal puede tomar excepcionalmente en cuenta las declaraciones testificales obrantes en el sumario, previa lectura en el juicio, cuando resulte imposible o no sea factible lograr la comparecencia del testigo, siempre que sus declaraciones en el sumario hayan sido prestadas de manera inobjetable, con resultados concluyentes y con acatamiento de las normas que las regulan y sin merma alguna de los derechos fundamentales, especialmente del derecho de defensa.
En el mismo sentido se pronuncia la sentencia el Tribunal Constitucional en 8 de noviembre de 1993, afirmando que:
  • No admitir la prueba practicada con las debidas garantías supondría hacer depender el ejercicio del ius puniendi del Estado del azar o de la malquerencia de las partes, pudiendo dejarse sin efecto lo actuado sumarialmente. Un sistema que pondere adecuadamente tanto la necesidad social de protección de bienes jurídicos esenciales, como el haz de garantías frente a posibles abusos de los ciudadanos, con independencia de su posición, ha de estar en condiciones de hacer valer la seriedad de lo actuado por los órganos encargados de la represión penal; siempre que lo actuado lo haya sido con pleno respeto a aquellas garantías. Ahora bien, de lo expuesto se desprende claramente que las declaraciones testificales hechas con anterioridad al juicio oral han de haberse conseguido con escrupuloso respeto a las normas procesales y garantías constitucionales consiguientes.
En este contexto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que:
  • La incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción no lesiona por sí misma los derechos reconocidos >>> siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado; esto es, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de contestar el testimonio de cargo e interrogar a su autor bien cuando se presta, bien con posterioridad
En sentencia 669/02 el Tribunal Supremo ha venido admitiendo la validez de la introducción en el Plenario, a efectos de garantizar el principio de contradicción, mediante la lectura de la declaración correspondiente, de lo manifestado por el testigo en la fase sumarial y ante el Juez Instructor siempre que dicha declaración se haya producido conforme a las prescripciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pero las condiciones previstas en la mencionada norma se refieren a que la diligencia sumarial no pueda ser reproducida en el juicio oral por causas independientes de la voluntad de las partes.
Con independencia de supuestos de imposibilidad absoluta, como es el fallecimiento del testigo, se han perfilado por la Jurisprudencia otros supuestos en los que la presencia deviene funcionalmente imposible:
  • bien sea por tratarse de personas con residencia en el extranjero
  • o que se encuentren en paradero desconocido
  • o ilocalizables
Lo que deberá tener su adecuada constancia en los autos, sin perjuicio de que el Tribunal, atendiendo a los diversos casos que puedan plantearse, debe desplegar la diligencia adecuada para localizar a la persona de que se trate.
El fundamento de ello es hacer compatible:
  • el derecho de las partes a la práctica de las pruebas propuestas
  • y el de realizar la justicia en un tiempo razonable, sin que la ausencia de un testigo conlleve sin más la impunidad
Evidentemente debe tratarse de declaraciones prestadas ante el Juez de Instrucción reuniendo los requisitos exigidos por la Ley, pues fuera de este supuesto no se trataría propiamente de diligencias sumariales de prueba, de forma que, aún no satisfaciéndose el principio de contradicción en aquella declaración que sucede con frecuencia, sobre todo cuando se trata del denunciante y su declaración se produce con anterioridad a la del imputado.
El Tribunal Constitucional se refiere a la excepcionalidad que supone la incorporación al proceso como prueba anticipada de la testifical, sólo si existe una imposibilidad real de que sea practicada en el juicio oral, subrayando especialmente el cumplimiento del requisito relativo a la garantía de contradicción, de forma que si dicha declaración puede ser hecha contradictoriamente en la fase de Instrucción deberá así realizarse, pues de lo contrario se vulneraría el derecho de defensa del acusado.
Si bien es cierto que el testigo presta declaración en fase de instrucción con asistencia de su letrado y letrado de la defensa del acusado, por tanto con contradicción, y ha sido introducida vía artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el plenario, no es menos cierto que no consta en autos una mínima actividad tendente a la búsqueda del testigo, conformándose con la citación a través de su Procurador, al estar personado en el procedimiento, pero sin haber intentado su citación en el domicilio designado por él en su declaración, ni mucho menos se han agotado por el Tribunal las diligencias de búsqueda nacional o internacional para localizarle y citarle a juicio, por tanto, no puede decirse que se cumplen las exigencias que el Tribunal Supremo  y Tribunal Constitucional exige para considerar que se trata de una imposibilidad de asistir a juicio, y poder ser introducida la declaración realizada en la fase de instrucción, vía artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por consiguiente, la declaración del denunciante debe ser considerada como no válida ni apta para desvirtuar la presunción de inocencia.
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