LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONSTATA LA IRRAZONABLE PRUEBA DE CARGO

CONDUCTAS DELICTIVAS ATRIBUIDAS A LOS POLÍTICOS CATALANES

CONDUCTAS DELICTIVAS ATRIBUIDAS A LOS POLÍTICOS CATALANES
Independientemente de las consecuencias que pueda tener la decisión de Juez alemán en el asunto catalán, lo cierto es que el Juez Instructor del Supremo continua su tarea.
Una vez leído y estudiado el auto de procesamiento del Magistrado Pablo LLarena, de marzo pasado contra los golpistas, el juez argumenta los cargos en torno a tres figuras penales: la rebelión – del 472 y siguientes del código penal; la malversación del 432 y siguientes del código penal, y la desobediencia del 410 del código penal-.
Estos tipos delictivos, se reparten entre los veinticinco encausados inmersos en el proceso.
Se atribuye específicamente la malversación a los políticos que, controlando fondos o recursos públicos, pudieron dedicarlos a sufragar un referéndum declarado ilegal.
La desobediencia pesa sobre aquellos parlamentarios que desoyeron al Tribunal Constitucional.
La rebelión queda constatada al alzarse violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, a través de un plan preconcebido por el Gobierno de la Generalidad, con la cooperación de la Mesa del Parlamento y ejecutado violenta y públicamente por las asociaciones que lideran los Jordis.
A Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn, el juez les atribuye haber participado en una reunión de coordinación policial el 28 de septiembre, en la que recibieron advertencias de los Mossos d’Esquadra “del grave riesgo de incidentes violentos” si se celebraba el referéndum, y cuando ya “conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía”, pese a lo cual decidieron continuar con el referéndum.
Los tres son encausados también de llamar a la población a la movilización y de impulsar un operativo policial de los Mossos que posibilitara “que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart el juez les atribuye, como líderes de la ANC y Òmnium, haber movilizado “a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza” que se opuso a la policía cuando ésta intentaba impedir el referéndum. El auto de procesamiento les atribuye también responsabilidad en las movilizaciones del 20 de septiembre.
Jordi Turull según el juez Llarena, como portavoz del Govern impulsó la movilización, desplegó la propaganda del referéndum y coordinó el reclutamiento de voluntarios y las infraestructuras informáticas de la consulta.
El auto de procesamiento acusa a la evadida Marta Rovira, dirigente de ERC, de tener una participación esencial en el impulso en el Parlamento a una legislación de soporte a la independencia, en la coordinación de distintos sectores de la administración y en conseguir una plena disponibilidad de centros de votación.
A Raül Romeva le acusa de favorecer el reconocimiento de una república catalana en el extranjero a través del ente Diplocat y de atender a observadores internacionales el 1 de octubre. El auto le señala también como impulsor de la creación de estructuras de Estado y de infraestructuras para posibilitar el voto electrónico de catalanes residentes en el extranjero.
Carme Forcadell, está acusada de someter al voto parlamentario una “legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso”, desoyendo e incumpliendo las advertencias y prohibiciones del Tribunal Constitucional.
El auto empareja su participación con una fase final del ‘procés’ que el juez considera violencia haber participado en la manifestación del 20 de septiembre y arengando a la población a concentrarse ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Según el auto, puso el Parlamento al servicio “del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república”.
Antoni Comín y Dolors Bassa les atribuye el Juez, poner los locales dependientes de sus departamentos a disposición del referéndum y sufragar en parte con cargo al presupuesto de sus consellerías los gastos en papeletas, censo y citaciones a los miembros de las mesas electorales.
A Clara Ponsatí se la procesa por poner las escuelas que controlaba al servicio del referéndum.
A Josep Rull se le señala como participante en reuniones de diseño de la estrategia para la independencia y, particularmente, como la autoridad que impidió que atracase en Palamós la nave que iba a dar alojamiento a policías antidisturbios.
A Meritxell Borrás, Lluís Puig, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret se les atribuye haber aprobado, como ‘consellers’, el decreto 139/2017, el que convocaba el referéndum; desobedecían los requerimientos del Tribunal Constitucional.
El auto les atribuye también el uso de fondos públicos para fines distintos de aquellos para los que fueron habilitados.
Lluís María Corominas, Luis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, como miembros de la mesa del Parlamento se les atribuye una “tenaz y perseverante desatención” de los requerimientos que les hizo el Tribunal Constitucional para que pararan resoluciones parlamentarias nulas.
Anna Gabriel y Mireia Boya según el auto, incurrieron al contravenir los fallos del Tribunal Constitucional, al registrar en el Parlamento la Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República y cuando presentaron la proposición de Ley del Referéndum de Autodeterminación.

 

 

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