SE CONDENA AL HEREDERO COMO AUTOR DE UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

SE CONDENA AL HEREDERO COMO AUTOR DE UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

SE CONDENA AL HEREDERO COMO AUTOR DE UN DELITO CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO
Se opone el recurrente a la sentencia que lo condena como autor de un delito contra el patrimonio histórico tipificado en el artículo 323 del código penal.
Alega el recurrente que adquirió la propiedad en cuestión a título de herencia, siendo presentada la correspondiente liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, como acto expreso de aceptación no condicionada y que pretender atribuirle el estado de deterioro en el que se encontraba una torre es cuando menos paradójico, sobre todo si tenemos en cuenta que es tras adquirir la propiedad cuando empieza a realizar todos los trámites administrativos y técnicos para su rehabilitación.
El artículo 321 vigente en la fecha de los hechos sanciona a los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos.
Al concepto de alteración grave se refiere la Sentencia del Tribunal Supemo de 25 de mayo de 2004, en el sentido que ha de ser cuantitativamente importante, y cualitativamente relevante en cuanto a la finalidad de esta norma penal.
Precisa dicha sentencia que cuando tal gravedad no exista, se plantea el problema de la posible aplicación del artículo 323 que no exige esa gravedad y parece una norma genérica frente a la del articulo 321, más específica.
No obstante precisa el Alto Tribunal que lo más adecuado con la sistemática y sobre todo con la pena más importante de las previstas, la de prisión, que paradójicamente es más grave en el artículo 323 en cuanto a su duración mínima, quizá tenga que ser relegadas esas conductas al derecho administrativo sancionador.
No deja de resultar paradójico que este tipo delictivo, que está previsto para los supuestos que no revisten especial gravedad, se pene, en lo que se refiere a la pena de prisión, de forma más dura, por lo que ello ha llevado a que estos supuestos tengan más acogida en el campo del derecho administrativo sancionador.
La diferente penalidad se podría explicar por el hecho de que el artículo 323 defina la conducta típica como dañar lo que en remisión al concepto de daños del artículo 263 del Código Penal expresamente se refiere a los daños en cosa ajena.
La situación ha cambiado tras la reforma del código penal realizada por  Ley Orgánica 1/2015, por cuanto se equiparan las penas de prisión de los tipos básicos del artículo 321 y 323.
En todo caso la conducta típica prevista en el artículo objeto de enjuiciamiento es la causación de daños de forma dolosa en bienes de valor histórico o asimilado.
 De los hechos declarados probados no se puede deducir que el recurrente hubiere causado daños que superen el umbral de relevancia penal en el bien en cuestión, ni que sus omisiones hayan afectado a la parte del edificio en el que el interés protegido se concreta y que en definitiva justifica la tipificación penal en la consideración de un bien jurídico digno de protección.
Ello es así teniendo en cuenta la fecha en la que el recurrente adquirió la propiedad y el estado en el que se encontraba en el edificio con anterioridad a dicha adquisición.
Consta en las actuaciones informe de los servicios técnicos municipales en el que se pone de manifiesto que el estado en el que se encuentren en el edificio en el momento actual, es motivado por una falta de mantenimiento generalizado del mismo que se viene arrastrando desde hace muchos años incumpliendo en todo momento los deberes y obligaciones de conservación que tienen los propietarios de los inmuebles.
No es posible determinar, sobre la base de los hechos probados, que parte del deterioro del edificio es pues imputable al recurrente, es decir que conducta activa u omisiva del recurrente ha dañado, con relevancia penal, el inmueble en cuestión.
Y no constando pues una acción u omisión del recurrente que atente contra el bien jurídico protegido penalmente la sentencia ha de ser absolutoria.
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