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COHECHO DE MEDIADORES

La nueva versión del artículo 423 ofrece como primera novedad la incorporación de los “mediadores” al elenco que personas que, careciendo de los requisitos del artículo 24 para ser considerados funcionarios públicos,  desempeñan una función de especial trascendencia, sometida a principio o exigencias tales que las hacen susceptibles de verse vinculadas al concepto de “corrupción” en el amplio sentido que hoy por hoy esta expresión asume.
La inclusión de la figura del “mediador” obedece sin duda a la importancia que en la actualidad cobran los mecanismos de resolución alternativa a la vía judicial de conflictos de diversa índole, y que cada día encuentra mayor aplicación en diversas ramas del Derecho, mecanismos alternativos en que la figura del “mediador” aun sin capacidad resolutiva o de decisión, como gestor de la búsqueda y propuesta de soluciones al conflicto que hace necesaria la mediación aparece vinculado a especiales exigencias de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y diligencia en la asistencia, y en su caso a la obligatoria protección de determinados intereses especialmente relevantes.
Posición que desde el punto de vista de las obligaciones surgidas del desempeño de la “función” a la que viene llamados equipara a los mediadores a los funcionarios respecto a la “función pública” que han de desempeñar.
Y sobre todo, por que al igual que el funcionario en el ejercicio de sus funciones, los mediadores pueden ser objeto de manipulación para por motivaciones venales e infringiendo sus obligadas exigencias de objetividad, neutralidad e imparcialidad, desvirtuar gravemente la resolución del conflicto cuya gestión se le encomienda.
Parece en principio adecuada su incorporación al concepto extensivo del artículo 423, pues tanto la función que desarrollan los mediadores, como los cada vez más importantes ámbitos sociales en los que desarrollan su función justifican que se de relevancia penal al “cohecho de mediadores
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