ACONTECIMIENTOS QUE AFECTAN A LA CLAUSULA SUELO

ACONTECIMIENTOS QUE AFECTAN A LA CLAUSULA SUELO

ACONTECIMIENTOS QUE AFECTAN A LA CLAUSULA SUELO
Las cláusulas suelo prevén que aunque el tipo de interés se sitúe por debajo de un determinado umbral fijado en el contrato, el consumidor seguirá pagando unos intereses mínimos que equivalen a ese umbral sin que resulte aplicable un tipo inferior.
Hasta el momento, la doctrina emanada del Tribunal Supremo limitaba la devolución del dinero cobrado a los clientes en aplicación de la cláusula suelo, al 9 de mayo de 2013, fecha en que el Tribunal Supremo dictó la Sentencia 241/2013
El 26 de abril de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, celebró una vista oral sobre los efectos de la retroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, ante la cuestión prejudicial que planteó en abril del 2015 el Juzgado Mercantil numero uno de Granada.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debía dirimir si la devolución de cantidades a causa de la existencia de cláusulas abusivas debía calcularse con fecha desde el 9 de mayo de 2013, o con efectos retroactivos desde el inicio del contrato hipotecario.
El 21 de diciembre de 216, se publica la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciendo que la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario en España, es incompatible con el Derecho de la Unión.
La limitación en el tiempo da lugar a una protección de los consumidores incompleta e insuficiente, por lo que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas.
Un mes después de la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se aprueba el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Este real decreto-ley pretende avanzar en las medidas dirigidas a la protección de los consumidores estableciendo un cauce que les facilite la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito, que solucionen las controversias que se pudieran suscitar como consecuencia de los últimos pronunciamientos judiciales en materia de cláusulas suelo.
Se pretende arbitrar un cauce sencillo y ordenado, de carácter voluntario para el consumidor, que le proporcione la posibilidad de llegar a un acuerdo con la entidad de crédito que le permita solucionar sus diferencias mediante la restitución de dichas cantidades.
Otro de los objetivos perseguidos es el de evitar que se produzca un aumento de litigios.
Con el fin de determinar si una cláusula suelo está incluida en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, se consideran como criterios a destacar los establecidos en la Sentencia 241/2013, que se materializan el los siguientes:
  • La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio del dinero.
  • La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
  • La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo.
  • Su eventual ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.
  • La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual.
  • Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la propia entidad.
Procedimiento a seguir
  • Las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales. Deberán asegurarse de que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores.
  • Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle comunicación al consumidor (incluyendo las cantidades en concepto de intereses). En el caso en que se considere que no es procedente, comunicará las razones que lo motivan y se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.
  • El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. De así serlo se acordará la devolución del efectivo.
  • El plazo máximo para llegar un acuerdo es de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación.
  • Las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalización del procedimiento, se producirá la suspensión del proceso hasta que se resuelva la reclamación previa.
Una vez convenida la cantidad a devolver, las entidades podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta de la devolución en efectivo.
El procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter gratuito.
Se persigue que el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo más breve posible evitándole tener que agotar un proceso judicial que se dilate en el tiempo:
Si tras no llegar a un acuerdo, el consumidor demanda a la entidad y la sentencia que tiene es económicamente favorable para el, la entidad será condenada a costas.
Si el consumidor acude la vía judicial directamente y la entidad se allana antes del trámite de contestación, la entidad no será condenada en costas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia 
Considera que el Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual, los efectos restitutorios vinculados a la nulidad de la cláusula abusiva se limitan a las cantidades indebidamente pagadas con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declare el carácter abusivo de la misma.
  • Corresponde al juez nacional, declarar el carácter abusivo de la cláusula y su nulidad.
  • La declaración de carácter abusivo de una cláusula debe tener siempre como consecuencia el restablecimiento de la situación anterior, ya que se considera que esa cláusula contractual nunca ha existido y no podrá tener efectos frente al consumidor.
  • En relación a la Sentencia de 2013, la limitación en el tiempo es contraria a lo que exige la UE, ya que supone una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medida adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas.
  • Sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, al circunscribir tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión (sentencia de 2013).
  • Y los órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión.
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